El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sancionará hasta con 20 años de prisión a los funcionarios, empresas o personas que alteren, falsifiquen o contaminen pruebas, medicamentos o vacunas contra COVID-19.
En la sesión ordinaria se aprobó con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención la reforma al artículo 464 de la Ley General de Salud, que endurece las sanciones a quienes falsifiquen o alteren vacunas y otros insumos, como ocurrió en México durante la pandemia con inmunización falsa o la venta de pruebas falsas.
Durante la Jornada Nacional de Vacunación que realiza el gobierno federal se han denunciado varios casos en estados como Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México, entre otros, donde personal de salud fingió haber vacunado a personas.
La reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados indica que "quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicara? una pena de tres a 15 años de prisión y multa de 50 mil a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización".
La pena se aumentará en un tercio, es decir a 20 años de cárcel, cuando el ilícito sea cometido por algún servidor público en ejercicio de sus funciones.
Dentro de los argumentos se señala que, ante la demanda de medicamentos, diagnósticos y reactivos asociados a identificar, prevenir y tratar el virus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la proliferación de productos médicos falsificados.
En tribuna, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, destacó la importancia de la reforma que busca sancionar severamente a quienes lucran a costa de la salud de la población, por medio de la falsificación y alteración de insumos médicos.
