Para la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, además del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también participaron en esta acción concertada varios exfuncionarios de las secretarías de Marina y Defensa Nacional; de la extinta Policía Federal; de la Agencia de Investigación Criminal; del CISEN, y del entonces gobierno de Guerrero, encabezado por el exgobernador Ángel Aguirre.
En el “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, que se presentó el pasado jueves 18 de agosto, se explica que: “De acuerdo con el análisis de la información recabada, la verdad histórica es resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder en la que participaron en su implementación: el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el subprocurador de la SEIDO, Hugo Ruiz; el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez y el director de la AIC, Tomas Zerón”.
En el mismo documento se explica que los enlaces operativos para desarrollar la investigación fueron integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional; del CISEN, y de las entonces policías Federal y Federal Ministerial.
“Por parte de la Semar, el Almirante Marco Antonio Ortega Siu; jefe de la Unidad de Operaciones Especiales; el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, Almirante Eduardo Redondeo Arámburo. Por parte del CISEN, José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero; por la Policía Federal, el comisario Omar García Harfuch y el comisionado Nacional de Seguridad, Manelich Castilla; el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra; el policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta”.
También se menciona a la exdirectora del área de Servicios Periciales de la entonces PGR, Sara Mónica Medina; el excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez; del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Vidal Diaz Leal Ochoa.
Por parte del Gobierno de Guerrero, se mencionan al exgobernador Ángel Aguirre; al exprocurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco; al exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, y al excoordinador de Proyectos Estratégicos, Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Se explica que toda la información era enviada al entonces presidente de la República, a través de la oficina del procurador General de la República.
En el informe se acusa al personal de la Policía Federal Ministerial, de la expolicía Federal y a elementos de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional de permitir o participar en actos de tortura para obtener las declaraciones de los presuntos delincuentes.
Se explica que 5 de ellos, Agustín “N”, alias “El Chereje”; Jhonatan “N”, alias “El Jonas”; Patricio “N”, alias “El Pato”; Miguel Ángel “N”, alias “El Duvalín” y Felipe “N”, alias “El Cepillo”, declararon que los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa fueron ejecutados en el basurero de Cocula y sus restos y cenizas fueron recogidas en bolsas negras y aventadas al Río San Juan.
También se afirma que la diligencia ministerial que se realizó en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, fue instruida por el exprocurador Murillo Karam y operada por Tomás Zerón.
Respecto a la llamada “Verdad Histórica” adoptada por el exprocurador Murillo Karam, el informe explica que: “En esta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso al derecho a la verdad y la justicia”.
Se concluye que la llamada “Verdad Histórica” fue una construcción desde el Gobierno federal que pretendió crear una versión de los hechos ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 para legitimar socialmente la verdad de los hechos.
