El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ordenó al gobernador Samuel García presentar el Presupuesto de Egresos 2023 para que sea analizado por los diputados, de acuerdo a una resolución que dictó el órgano jurisdiccional por un juicio de controversia constitucional presentado en el Congreso local, aseguraron las bancadas del PRI y PAN en un comunicado conjunto.
Mientras el mandatario de Movimiento Ciudadano se encuentra de gira por Europa, se resolvió, en la suspensión concedida en el expediente 04/2022 de la inconstitucional denunciada, que “cesen los actos de omisión por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y de inmediato presente el Presupuesto de Egresos para el año 2023, acorde a lo dispuesto por el artículo 125, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León”.
En el mismo comunicado conjunto que difundieron las fracciones mayoritarias tricolor y albiazul se menciona que el TSJE notificó también al secretario de Finanzas, Carlos Garza que, por obligación, cese los actos de omisión en los mismos términos y también que acate “los artículos 1, 2, 4, 18, inciso A), fracción III, 24, fracciones II y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública parta el Estado de Nuevo León.”
En el pronunciamiento bipartidista se señala que la resolución “apercibe” que si los demandados no cumplen con el ordenamiento “se pondrá en riesgo la gobernabilidad y estado de derecho de Nuevo León, ante la imposibilidad constitucional de aplicar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2022”.
Se aclara que la controversia fue presentada por la omisión del gobernador Samuel García de cumplir con su obligación constitucional de presentar el presupuesto de Egresos el cuál, de acuerdo al mandatario, no podía cumplir, debido a que los legisladores demandaban recursos desproporcionados para los municipios.
El emecista había dicho que estaba de acuerdo con que se aplicara el año siguiente el mismo presupuesto de este año que ronda los 117 mil millones de pesos.
Se aclara que la entrega del presupuesto de egresos para su revisión en el Congreso local, debe ser cumplida de manera obligatoria independientemente de que los servidores públicos se encuentren de vacaciones adelantadas para esta semana, una medida que PRI y PAN consideraron una jugarreta del mandatario para impedir que presentaran ventanillas recursos de inconformidad contra sus disposiciones.
“Con esta suspensión se garantiza que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional de transparentar y dar certeza al gasto público de más de 130 mil millones de pesos para el 2023, obligación que hasta el día de hoy ha evadido, a pesar de que la Constitución local señala el día 20 de noviembre como fecha límite para presentar al Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos del año siguiente”, concluye el comunicado.
Hasta esta noche el gobierno estatal no había reaccionado ante la resolución del Tribunal.
