Trabajadores del establecimiento nocturno Black Royce, donde lamentablemente falleció el reconocido empresario Íñigo Arenas tras haber sido presuntamente intoxicado con sustancias desconocidas en su bebida, se congregaron hoy frente a los Juzgados de Tlalnepantla en Barrientos en un intento por manifestar su apoyo y preocupación por los empleados implicados en el caso.
Bajo el lema "No somos goteras" y "No a la fabricación de delitos", las pancartas que sostenían los empleados y familiares de los imputados expresaban su deseo de justicia y la presunción de inocencia de los detenidos. La protesta tuvo lugar minutos antes de la audiencia crucial que decidirá el destino legal de las seis personas involucradas en este incidente.
En la audiencia, programada para este martes, un juez determinará si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los seis individuos detenidos en relación con la muerte del empresario Iñigo Arenas Saiz. La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro mujeres, el jefe de meseros y el guardia de seguridad del bar Black Royce, en base a sospechas de su presunta implicación en el caso.
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Según las declaraciones de la Fiscalía, el empresario Íñigo Arenas Saiz habría sido víctima de un crimen cometido mediante el uso de sustancias químicas, presuntamente administradas por los empleados detenidos. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local y ha desencadenado investigaciones exhaustivas.
La jueza de control a cargo del caso dictaminó previamente prisión preventiva justificada para los detenidos, Carlos Daniel ‘N’, Eduardo ‘N’, Ana Karen ‘N’, Aritzi Abril ‘N’, Cecilia Mariana ‘N’ y Ana Karen ’N’, mientras las pesquisas continúan en curso.
En un giro adicional, las defensas de los implicados alegan que sus clientes fueron sometidos a tratos inhumanos y tortura tanto física como psicológica. Aseguran que los detenidos se presentaron voluntariamente para prestar declaración, solo para ser informados después de su detención. Denuncian que los acusados fueron privados de comunicación, maltratados y amenazados durante su detención.
Este caso ha generado una gran atención mediática y está generando debates en torno a la justicia, los derechos humanos y la presunción de inocencia. La sociedad espera con interés los desarrollos en esta audiencia crucial y el veredicto final sobre la situación legal de los acusados.
