El presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la afirmación del defensor legal de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, de que la narrativa del gobierno "se acerca más a la verdad histórica" que se elaboró en el sexenio pasado.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente califica estas afirmaciones como exageradas o confusas, afirmando que su gobierno se basa en principios y habla con la verdad.
“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, declaró el mandatario.
El presidente también anunció que el informe presentado a los familiares de los estudiantes desaparecidos se publicará en la página web del gobierno para que la ciudadanía pueda consultarlo. Esto se produce en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes.
López Obrador se refiere a los comentarios realizados por el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, quien afirmó que el gobierno mexicano les presentó una "nueva narrativa" de los hechos, que "se acerca más a la verdad histórica" que se elaboró en el sexenio pasado.
Estos comentarios surgieron después de una reunión en Palacio Nacional, donde se leyó una carta del presidente López Obrador y se presentó un informe en nombre del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El presidente enfatizó que no existe manipulación de datos en su administración y respalda la relatoría realizada hasta el momento. A pesar de las diferencias con los padres de Ayotzinapa, quienes exigen información adicional por parte del Ejército, López Obrador sostiene que el Ejército ha entregado toda la información que posee y ha colaborado en la investigación del caso.
El presidente argumenta que él mismo da órdenes para llevar a cabo investigaciones y entregar todos los documentos necesarios, negando la existencia de la grabación que los padres demandan, a pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha acreditado la existencia de documentos faltantes en lo entregado por el Ejército.
El GIEI recientemente se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo que implica la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación.
López Obrador sostuvo que se está “avanzando” en las investigaciones, las cuales calificó como “seria” y “a fondo”. También dijo que este martes se daría a conocer el informe que elaboró su gobierno. No obstante, reveló que los padres de los estudiantes se negaron a aceptar dicho documento, porque denuncian que el gobierno no ha entregado información.
El presidente también proyectó en la rueda de prensa la carta que escribió a los familiares y les fue entregada el lunes por la tarde en una reunión en Palacio Nacional.
Sus declaraciones se producen en el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en el sureño estado de Guerrero, un hecho que la Comisión de la Verdad del Gobierno calificó el año pasado de “crimen de Estado” con participación de autoridades, incluyendo militares.
Los padres de los desaparecidos acusaron el lunes al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, que no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el GIEI.
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Según el gobernante, los padres se negaron el lunes a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.
El mandatario, quien prometió publicar toda la información este martes, atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.
La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Sin embargo, a un año de que termine la administración de AMLO, organismos internacionales y organizaciones han denunciado que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las pesquisas.
Las familias y activistas marcharon este martes a las 16:00 hora local (22:00 GMT) en Ciudad de México, donde el Gobierno colocó vallas metálicas para proteger el Palacio Nacional del presidente, quien reiteró su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.