El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que su gobierno continuará las investigaciones en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A pesar de las denuncias de los padres de los normalistas, quienes afirman que el Ejército se ha negado a proporcionar información crucial, el mandatario mexicano reafirmó su compromiso con la búsqueda de la verdad en este caso que ha conmovido a la nación.
“Nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia”, declaró.
A pesar de las críticas hacia el último informe entregado por su gobierno, el cual algunos padres de Ayotzinapa consideran cercano a la "verdad histórica" elaborada en el sexenio anterior, López Obrador respaldó las acciones de su administración y aseguró que las investigaciones continuarán.
“Tenemos nosotros de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante saber dónde están los jóvenes”, expresó.
“Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos, lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo”, agregó.
Sus declaraciones se producen un día después del noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en el estado de Guerrero, un hecho que la Comisión de la Verdad del Gobierno calificó el año pasado de “crimen de Estado” con participación de autoridades, incluyendo militares.
Ante los nueve años de la desaparición de los normalistas, familias y activistas marcharon el martes en la Ciudad de México, donde el Gobierno colocó vallas metálicas para proteger el Palacio Nacional del presidente, quien reiteró su promesa de resolver el caso antes del fin de su mandato, en octubre de 2024.
Los padres de los desaparecidos acusaron el lunes al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, que no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Asimismo, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, sostuvo que el gobierno mexicano les presentó una “nueva narrativa” de los hechos, que “se acerca más a la verdad histórica” que se elaboró en el sexenio pasado.
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Esto tras la reunión que se llevó a cabo el lunes en Palacio Nacional, en la que se leyó una carta del presidente López Obrador y se presentó un informe a nombre del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
La Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
El Gobierno de López Obrador ha desmentido la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.
Sin embargo, a un año de que termine la administración de AMLO, organismos internacionales y organizaciones han denunciado que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las pesquisas.
El GIEI recientemente se retiró del país por no poder avanzar en las investigaciones por el obstáculo que implica la falta de colaboración total de las Fuerzas Armadas en la investigación.
Asimismo, el mecanismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que los cuerpos castrenses se niegan a entregar información sobre el caso.
