La Fiscalía General de la República de México (FGR) ha solicitado al Poder Judicial que los acusados del crimen de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no sean juzgados por un delito común, sino por un crimen de Estado, como demandan organismos internacionales debido a las dificultades para obtener condenas.
Según el informe de labores de la FGR enviado al Congreso mexicano sobre el año 2023 y enfocado en el caso de los estudiantes desaparecidos en 2014, se resalta la apertura de nuevas líneas de investigación que han llevado al encarcelamiento de 124 personas vinculadas con desapariciones forzadas, delincuencia organizada, tortura, secuestro, homicidio y otros delitos.
No obstante, la FGR señala limitaciones para lograr condenas, como la dispersión de procesos entre diversos juzgados de distrito en distintas entidades federales y la variabilidad de criterios de los jueces para evaluar el daño a los derechos humanos por parte de los acusados bajo medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa.
Las recomendaciones del Tribunal Interamericano de Justicia y del Poder Judicial mexicano también ponen en riesgo la detención preventiva de los acusados, dictada por distintos jueces de control.
De las 17 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas, solo se han ejecutado diez, nueve por desaparición forzada y una por delincuencia organizada.
Durante 2023, se realizaron búsquedas en 43 sitios en Guerrero, resultando en el hallazgo de 663 fragmentos óseos humanos, destacando el mayor número en Cuetzalan del Progreso e Iguala.
La colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) fue clave para identificar a tres estudiantes desaparecidos, con resultados pendientes de análisis en el laboratorio de Genética de la Universidad de Innsbruck, Austria.
El caso se remonta al 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron tras ser perseguidos y detenidos por policías, entregados luego al grupo criminal Guerrero Unidos. Aunque inicialmente se argumentó su asesinato por error, persiste la denuncia de un crimen de Estado por parte de los normalistas.
