El Senado aprobó este martes un acuerdo que permitirá la discusión rápida de varias reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que se incluye la elección de jueces a través del voto popular.
La decisión, respaldada por la mayoría oficialista, facilita el inicio inmediato del análisis de estos cambios, que también incluyen la posible desaparición de órganos autónomos, temas que han generado controversia tanto en el país como a nivel internacional.
Los senadores podrán llevar a cabo las discusiones y votaciones en sedes alternas, en caso de que el recinto legislativo principal en la Ciudad de México se vea bloqueado o inoperable.
Esta medida se tomó luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación impidieran el acceso a diputados para evitar el debate sobre la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
Será @ErnestinaGodoy_ presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el @senadomexicano, mientras asume como Consejera Jurídica de Presidencia
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 3, 2024
A ella le tocaría la discusión de la #ReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/s0ruzVjfko
La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia, será la encargada de revisar la reforma judicial.
Mientras tanto, los diputados oficialistas, con una mayoría calificada, aprobaron en lo general el dictamen con proyecto de decreto para reformar el Poder Judicial. La votación resultó en 359 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención.
La reforma judicial ha despertado preocupaciones de organismos internacionales, calificadoras, embajadas y empresas, debido a los riesgos que podría representar para la inversión privada y los tratados comerciales.
Entre los críticos destacan las Naciones Unidas, la International Chamber of Commerce, así como entidades financieras como Citibanamex, Fitch y UBS.
Además, la American Society of Mexico informó que algunas compañías estadounidenses han frenado inversiones en el país por las posibles implicaciones de estas reformas.