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Desde 1994, la Suprema Corte de Justicia ha recibido solo tres solicitudes para revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, según reveló el ministro Luis González Alcántara Carrancá en su proyecto sobre la reforma judicial.
En una de las notas al pie del documento, se destaca que Morena fue el partido que impulsó la tercera solicitud en 2016.
La revisión fue solicitada por el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó ante el máximo tribunal que la Corte podía y debía intervenir en reformas constitucionales cuando se observaban posibles violaciones a derechos humanos, especialmente de contenido político.
En ese escrito de 2016, AMLO citó jurisprudencia internacional y sostuvo que el poder constituyente sí podía violar la carta magna y, por lo tanto, debía ser controlado por la Suprema Corte.
El abogado José Mario de la Garza encontró este documento y señaló las diferencias entre la postura de López Obrador en 2016 y la postura política dominante este 2024:
¿Por qué en 2016 el Poder Reformador de la Constitución no era “un ente soberano” y la fiel cristalización de la voluntad popular desprovisto de cualquier límite?
¿Por qué habrá considerado AMLO que ese Poder Reformador debía de ser controlado por la SCJN cuando excediera su mandato y transgrediera derechos humanos?
¿Por qué en 2016 el control de constitucionalidad era indispensable y hoy lo ven como una amenaza?
¿Por qué no se les ocurrió en ese momento elevar a rango constitucional la fracción I del artículo 61 de la LA?
Esta contradicción ha suscitado cuestionamientos sobre la congruencia de la postura oficialista: cuando sus intereses políticos lo requieren, exigen el máximo control de constitucionalidad; pero ahora, buscan eliminar cualquier posibilidad de control sobre las normas constitucionales negando los argumentos que usaron en ese lejano 2016.
Esta reforma de “supremacia constitucional” es la máxima expresión de su incongruencia, pretendiendo borrar la historia que los exhibe y hipotecando el futuro de nuestros derechos por conveniencia política.
