Este jueves, María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco de Becerra, Estado de México, fue vinculada a proceso por el homicidio calificado con ventaja del síndico municipal, Miguel Ángel Lara, y su chofer, ocurrido el 25 de enero de 2023.
La decisión fue tomada por un juez de control del Poder Judicial del Estado de México tras una audiencia que duró más de tres horas. Durante la sesión, se presentaron pruebas suficientes, entre ellas testimonios de familiares de las víctimas, miembros del Cabildo y entrevistas, que permitieron al juez determinar que existían elementos para iniciar el proceso penal contra la alcaldesa de Morena y su exjefe policiaco.
Martínez Robles permanecerá en prisión preventiva en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras la investigación avanza. El Ministerio Público recibió un plazo de dos meses y 15 días para cerrar la investigación.
Entre las pruebas presentadas en la audiencia destaca una llamada telefónica en la que la alcaldesa presuntamente ordenó el asesinato de las víctimas debido a diferencias políticas.
Según se reveló, Martínez Robles citó a Lara y su chofer a una reunión en Zacazonapan, donde los autores materiales cometieron el crimen. Los cuerpos fueron encontrados el 26 de enero en un paraje junto a un vehículo.
El abogado de la alcaldesa, Alexander Becerril Salazar, anunció que apelarán la vinculación a proceso, señalando que no se presentó el registro de la llamada telefónica que implicaría a la alcaldesa en los homicidios. Becerril argumentó que la evidencia no es suficiente para justificar la detención de la funcionaria.
Además, durante la audiencia se reveló que la alcaldesa había denunciado a Miguel Ángel Lara por extorsión, acusando que fue obligada a mantener vínculos con el grupo criminal "La Familia Michoacana".
Testigos afirmaron que Martínez Robles entregaba grandes sumas de dinero trimestralmente a este grupo delictivo, utilizando fondos que deberían haberse destinado a obras públicas.
Este caso es parte del 'Operativo Enjambre', una acción coordinada entre diversas corporaciones de seguridad y autoridades judiciales del Estado de México, en colaboración con el gobierno federal, para desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en la región.
En total, siete funcionarios públicos fueron detenidos, mientras que el exdirector de Seguridad de Texcaltitlán, Isidro Cortés, se suicidó antes de ser arrestado. Aunque se liberaron 14 órdenes de aprehensión, solo se cumplimentaron siete, por lo que las autoridades continúan la búsqueda de los demás implicados.
