La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, presentó un proyecto para retirar al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación la facultad de designar candidaturas para las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.
En su lugar, la propuesta plantea que la Mesa Directiva del Senado realice este proceso mediante insaculación pública.
Soto argumentó que el Comité de Evaluación no podrá concluir el proceso de selección antes del 31 de enero, como estaba previsto.
Por ello, sugirió que el Senado implemente un procedimiento para sortear entre las personas que ya forman parte del "listado depurado" elaborado por el comité.
De aprobarse la resolución en la Sala Superior del TEPJF –donde Soto cuenta con el respaldo de un bloque mayoritario de tres magistrados–, se otorgarían 24 horas a la Mesa Directiva del Senado para determinar los detalles del sorteo, como los funcionarios responsables, el lugar, la fecha y la hora.
Este procedimiento aplicaría únicamente para los cargos donde haya más aspirantes que el número de duplas o ternas necesarias.
La decisión marca un nuevo capítulo en la pugna interna del Poder Judicial de la Federación, intensificada tras la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La controversia alcanzó su punto álgido con las tensiones generadas por el Comité de Evaluación, que en su momento había acatado órdenes judiciales provenientes de Michoacán y Jalisco para detener el proceso de selección.
En respuesta, la Sala Superior del TEPJF ordenó reanudarlo en 24 horas, bajo amenaza de medidas de apremio.
Los jueces de amparo sostienen que el TEPJF no tiene facultades para revocar resoluciones de amparo, mientras que el tribunal electoral argumenta que es la única autoridad competente para intervenir en la elección de jueces.
Esta contradicción llevó al Comité de Evaluación a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado jueves 23.
En respuesta, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, emitió una medida cautelar que instruyó al Comité de Evaluación a "mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran", es decir, con el proceso de selección suspendido.
Esta decisión protegió al comité de sanciones por incumplir la orden del TEPJF, intensificando aún más el choque de posturas dentro del Poder Judicial.
