Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama no podrá aparecer en la boleta electoral con el sobrenombre de “ministra del pueblo”, confirmando así el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión pública del jueves por la noche, el pleno del Tribunal aprobó el proyecto presentado por la magistrada presidenta Mónica Soto.

La decisión se tomó a menos de 24 horas de que Batres impugnara la resolución del INE, ya que este viernes está programado el inicio de la impresión de boletas para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Tribunal resolvió que el argumento de Lenia Batres, basado en que el INE debía aceptar su sobrenombre por su pase directo concedido por la Constitución y su actual desempeño en el cargo, era “inoperante”.

Asimismo, se estableció que, aunque las candidaturas pueden mencionar un sobrenombre o acrónimo, este derecho no es absoluto en una contienda electoral, ya que debe cumplir con la normativa vigente.

Además, se debe evitar el uso de términos que “puedan confundir al electorado, constituir propaganda electoral, o que vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral”.

El Tribunal argumentó que prohibir el uso de sobrenombres en la boleta busca garantizar la equidad en la contienda y evitar que los jueces en funciones obtengan una ventaja indebida sobre los demás aspirantes. También señaló que esta posibilidad “no se prevé en la Constitución ni en la ley”.

Por ello, se concluyó que el uso de sobrenombres “puede generar inequidad en la contienda al ser reconocida en el ejercicio del cargo que ostenta actualmente y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral y con ello le depara en un beneficio para la persona candidata a juzgadora”.

En la misma sesión, el Tribunal resolvió un total de 36 juicios ciudadanos relacionados con impugnaciones de aspirantes a cargos de jueces contra decisiones del INE, el Senado y el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.