La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, fue señalada por tráfico de influencias ante autoridades de Estados Unidos, aunque ella rechaza las acusaciones y asegura que se trata de una "guerra sucia".
Este lunes, medios de comunicación informaron que la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos recibió una solicitud del despacho Quinn Emanuel para que se dé información sobre una denuncia en la que Ortiz Ahlf y su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas, estarían involucrados por tráfico de influencias y corrupción.
La ministra, que busca mantener su puesto en la Corte, está acusada de presuntamente tener la intención de votar a favor del empresario Rafael Zaga Tawil en un litigio que sostiene con la firma Actinver, que le reclama mil millones de pesos.
Este dinero, según las acusaciones, fue transferido a las cuentas personales de Zaga Tawil por su propia orden, aunque se dice que provenía del fideicomiso "Ve por más", lo que lo lleva a ser señalado por desvío de recursos.
Los informes también destacan que, a pesar de que Zaga Tawil es prófugo de la justicia por lavado de dinero y delincuencia organizada, la ministra Ortiz Ahlf había expresado que apoyaría al empresario en su litigio. Zaga Tawil es acusado de desviar 5 mil millones de pesos del Infonavit, lo que lo ha llevado a enfrentar órdenes de aprehensión.
Sin embargo, la ministra negó haber anticipado su postura en el caso, ya que, según dijo, el caso de Zaga Tawil aún no ha sido admitido en la Corte.
"La nota publicada hoy por El Financiero y que han replicado algunos medios de comunicación es reflejo del temor de aquellos que quieren que la justicia siga siendo para unos cuantos. Se resisten a la Transformación del Poder Judicial, saben que vamos arriba en las preferencias de la gente y no les queda otra que la guerra sucia: la mentira", señaló a través de su cuenta de X.
Ortiz Ahlf explicó además que el amparo de Zaga Tawil fue rechazado en la Corte porque no presentaba un interés excepcional en materia constitucional. Sin embargo, contra esa decisión se presentó un recurso de reclamación, cuyo proyecto original fue rechazado por la Primera Sala y enviado de nuevo a la ministra Loretta Ortiz.
