La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que invalide a los candidatos vinculados con el narcotráfico en la primera elección popular del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de que el Senado reconociera que algunos aspirantes tienen estos lazos.
“Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta (electoral), ponerse una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona“, declaró durante su conferencia matutina.
“El Tribunal Electoral tiene la última palabra”, dice @Claudiashein sobre los candidatos a jueces que no cumplan con los requisitos.
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 23, 2025
Si no son aptos, deberían ser descalificados, expresó. pic.twitter.com/xQ4nABPLnl
Este llamado se hizo tras las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el martes indicó que han “detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder” al Poder Judicial mediante las elecciones del 1 de junio.
La organización civil Defensorxs también ha documentado a 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en su sitio ‘Justicia en la mira’. En este listado destaca Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
Otro caso relevante es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal en Michoacán, quien está acusado de pactos con criminales. Durante su gestión como fiscal (2020-2022), le apodaban “el fiscal del terror”, y está señalado por una posible implicación en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Ante esta situación, Sheinbaum afirmó que es posible presentar una queja si se encuentra que algún candidato a juez o magistrado no cumple con la Constitución, que exige que los aspirantes tengan “probidad” y un promedio mínimo de 8 en sus estudios universitarios.
"Pero tendrían que presentarse todas las pruebas de que es así, pero hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral", agregó.
La polémica surge en el contexto de la primera elección popular del Poder Judicial, que se llevará a cabo el 1 de junio, donde 99,7 millones de votantes elegirán por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos, incluidos los de la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo, luego de alertas por parte de la oposición, organismos internacionales como la ONU, jueces actuales y asociaciones civiles sobre la posible intromisión del Ejecutivo y el crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.
