Un juzgado federal en la Ciudad de México suspendió temporalmente cualquier orden de captura en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien es señalado por presuntos delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Primero de Distrito en materia Penal, a través de su secretario en funciones, aceptó a trámite el amparo promovido por Aureoles bajo el expediente número 348/2025. Como medida provisional, le fue concedida una suspensión para evitar su arresto mientras se resuelve el proceso legal.
“Se concede a Silvano Aureoles Conejo, la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal”, señaló el funcionario judicial.
Para mantener la suspensión vigente, el exmandatario deberá pagar una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días hábiles. De no hacerlo, la protección perderá efecto y podría ser detenido.
Cabe señalar que esta medida no impide que Aureoles comparezca ante el juez que ordenó su detención. Solo evita que se ejecute la orden por el momento, aunque el proceso penal sigue en marcha. Será hasta el 29 de abril de 2025 cuando se determine si se le otorga la suspensión definitiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador y a cuatro de sus excolaboradores de haber causado un desfalco de 3 mil 400 millones de pesos al estado de Michoacán, al adquirir presuntamente a sobreprecio cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro.
Los cuatro exfuncionarios ya fueron vinculados a proceso en marzo por delitos de peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa. La jueza a cargo estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El pasado 1 de marzo se giró la orden de aprehensión contra Aureoles y se detuvo a sus exfuncionarios. El 7 de marzo, un juez federal vinculó a proceso a los implicados por el desfalco millonario.
Según la FGR, entre 2015 y 2021, se otorgaron contratos de forma directa a la empresa Inmobiliaria DIP, lo que ocasionó un daño de 3 mil 412 millones 164 mil 310 pesos al erario estatal durante la gestión de Aureoles.
Además, Proceso documentó que mientras era investigado, el exgobernador realizó 10 viajes internacionales. La solicitud de orden de aprehensión presentada por la FGR indica que, entre junio de 2023 y agosto de 2024, el Instituto Nacional de Migración registró 10 salidas del país a nombre de Silvano Aureoles Conejo.