El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió este jueves de anular los resultados de las elecciones judiciales si se comprueba que un candidato ganador ha cometido delitos relacionados con violencia de género o es deudor alimentario.

Después de un intenso debate, en el que la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala criticó a varios de sus colegas, la mayoría de los consejeros aprobó el acuerdo por ocho votos a favor.

Este acuerdo establece la creación de un espacio en el portal del INE donde "personas ciudadanas u organizaciones de la sociedad civil" podrán presentar información sobre sentencias firmes contra candidatos.

El acuerdo, impulsado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, señala que el INE se encargará de revisar las pruebas y abrirá un espacio para que los candidatos puedan defenderse de las acusaciones. Si se comprueba la veracidad de los delitos, el INE invalidará la elección correspondiente.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, expresó su rechazo a la medida, considerando que representa un "exceso en el ejercicio de atribuciones reglamentarias del instituto", que "atenta contra la presunción de validez con la que el Senado de la República remitió los listados" de candidatos.

En medio de las tensiones internas dentro del INE, entre el bloque minoritario, liderado por Taddei, y el bloque mayoritario, la presidenta subrayó que, aunque las causas defendidas por ambos grupos sean legítimas, "por certeza y seguridad jurídica no podemos alterar las reglas de participación en este momento", advirtiendo que esto podría sentar un "mal precedente".

A pesar de que las campañas electorales ya comenzaron hace tres semanas, los consejeros que apoyaron el acuerdo defendieron su decisión, explicando que "los tiempos que hemos tenido para la organización de esta elección han sido muy acotados".

Por su parte, la consejera Rita Bell López, quien usualmente apoya a Taddei, también respaldó el acuerdo, señalando que varias organizaciones han presentado acusaciones sobre posibles candidatos que hayan cometido actos de violencia de género o que sean deudores alimentarios.

“Si el 3 de junio el INE tiene copias certificadas de sentencias firmes sobre condiciones prohibidas por la Constitución, no veo cómo el INE pueda evitar no declarar la validez de esa elección”, subrayó por su parte el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.