La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa que busca desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crear en su lugar la Comisión Nacional Antimonopolio, un nuevo organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía.
Según el documento, la nueva Comisión aplicará la Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento, además de que "podrá emitir disposiciones regulatorias". El objetivo principal es fortalecer las capacidades del Estado para combatir prácticas monopólicas que afectan a los consumidores y a la economía nacional.
De acuerdo con la iniciativa, “la Comisión Nacional Antimonopolio tendrá herramientas y facultades para liberar a México de la influencia de los grandes intereses y que la economía funcione por y para los mexicanos. Para ello, también contará con personal altamente capacitado y especializado”.
Actualmente, el proyecto está en trámite legislativo y se prevé que sea revisado en comisiones del Senado en un periodo extraordinario, ya que el actual periodo ordinario concluye el miércoles 30 de abril.
La nueva Comisión estará integrada por cinco comisionados, designados de forma escalonada por la presidenta y ratificados por el Senado de la República.
El presidente de la Comisión Nacional Antimonopolio ocupará el cargo por tres años, prorrogables una sola vez, mientras que los demás comisionados durarán siete años sin posibilidad de reelección.
El documento establece que las sesiones serán públicas mediante una versión estenográfica publicada en el sitio oficial de la Comisión, excepto en los casos clasificados como información confidencial o reservada.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa contempla medidas más severas para combatir prácticas anticompetitivas. Esto responde a que, en los últimos años, las herramientas de la Cofece "han reducido su efectividad, a raíz de que las sanciones –actualmente establecidas en la ley– no son lo suficientemente altas para desincentivar que las empresas incurran en conductas anticompetitivas".
En este sentido, se establece que las multas podrán ser de hasta el 20% de los ingresos del agente económico si se incurre en una práctica monopólica absoluta. Además, se prevé incorporar sanciones penales, inhabilitaciones para ejercer cargos o participar en procedimientos públicos, y permitir a los afectados demandar a los infractores por los daños sufridos.
