El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, informó que el lunes se realizará una reunión de los equipos jurídicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Lo anterior, para avanzar en el análisis de las iniciativas presentadas por el gobierno en materia de seguridad, entre ellas la de regulación de empresas privadas de seguridad y de videovigilancia.

Por otro lado, Sanz Rivera dijo que existe disposición de revisar la propuesta anunciada por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz sobre la reforma a jubilaciones y pensiones.

El funcionario estatal destacó que el Ejecutivo analizará esa iniciativa, pero siempre respetando la ley federal y los derechos de trabajadores.

Los tres estudiantes que lanzaron petardos en la escuela secundaria "Eulalia Guzmán", ubicada en Jiutepec, ya fueron suspendidos y no tendrán carta de buena conducta, refirió hoy el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacin Salgado de la Paz.

Como se informó con oportunidad, el IEBEM dio a conocer que durante la ceremonia de Honores a la Bandera del turno vespertino efectuada el lunes 17 de junio, tres estudiantes desde afuera de la escuela arrojaron un objeto explosivo a la techumbre del centro educativo, el cual dañó una de sus láminas, desprendiendo un fragmento que provocó una herida a un maestro de inglés.

El funcionario estatal también refirió que, hasta la fecha, el profesor que resultó lesionado no ha iniciado la denuncia correspondiente.

El gobierno del estado condenó el ataque contra la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza, ocurrido este martes.

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que la legisladora estaba en camino a presentar la denuncia correspondiente en la UECS en Cuernavaca, porque esa unidad cuenta con medidas de seguridad.

Refirió que hasta donde tiene conocimiento, la diputada tenía asignados dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero en ese momento no se encontraban en el lugar; además mencionó que la FGE y García Zaragoza deberán dar detalles sobre los hechos y si había antecedentes de amenaza en su contra.

Pablo Ojeda también indicó que si Erika García lo solicita, se le brindarán medidas de protección o vigilancia.

Susana Díaz Pineda, del Centro de Derechos Humanos "Digna Ochoa", lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) maneje con fines "políticos y económicos las fichas de personas desaparecidas".

La activista aseveró que se da un manejo político y económico a la emisión de fichas de localización porque mientras se discutía el tema de presupuesto de la FGE se dejaron de publicar éstas, además de que sólo se reportaron un promedio de 20 al mes, en el primer trimestre, y cuando se liberó el recurso subió a 30 y 26 personas.

Díaz Pineda también hizo un llamado a que la Comisión de Búsqueda de Personas, cuyo decreto de creación fue dado a conocer ayer, no se quede en "un elefante blanco" o en oficina de colocación, lo cual es muy probable si la FGE no hace su trabajo, según anotó.

Este martes, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo preside el banderazo del inicio del programa "Bienvenido Paisano", en Puente de Ixtla.

El mandatario estatal apuntó que el compromiso con los mexicanos que regresan temporalmente a sus comunidades es que lleguen a sus destinos sin contratiempos.

Blanco Bravo también exhortó a servidores públicos federales, estatales y municipales "a renovar su compromiso ético y profesional para garantizar un trato digno a los mexicanos que nos visitan; debemos ser los primeros en denunciar y evitar cualquier abuso en su contra".

El programa "Bienvenido Paisano" está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) y se realiza en coordinación con instancias de gobierno federal y estatal, con el objetivo de implementar estrategias de seguridad, orientación y atención para paisanos que ingresan, transitan y salen de México en el periodo vacacional de verano 2019.

El beneficio debió pagarse desde enero pasado.

Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),  Sección 19, acudieron ayer a la sede del Poder Ejecutivo para demandar que se cumpla con el pago del incremento a las pensiones de los jubilados, que se debió pagar desde enero a la fecha.

La secretaria general, Gabriela Bañón Estrada, dijo en entrevista que el comité seccional respalda totalmente a los jubilados, por lo que acompañó a las lideresas este lunes al Palacio de Gobierno, en espera de una respuesta clara.

Dijo que desde el viernes pasado se expuso a las autoridades de la Secretaría de Educación la inconformidad de los trabajadores en retiro, ya que desde hace seis meses se les debió pagar.

“El reclamo es fuerte. Desde el mes de enero a la fecha no les han pagado la retroactividad que debían haber ejercido en la pensión de cada uno de los jubilados y pensionados; por lo tanto, a seis meses de que no ha habido respuesta del IEBEM y de la Secretaría de Educación, pues están aquí haciendo el reclamo”.

Luego de señalar que son más de 730 trabajadores estatales jubilados afectados, la dirigente del magisterio advirtió que han sido prudentes y pacientes, pero de no tener una respuesta clara, podrían recurrir a la movilización. “Nadie quiere verlos enojados, ellos ya no quieren esperar, están desesperados… hoy estamos exigiendo de una manera respetuosa, si no, ya lo estaremos haciendo de otra manera, con acciones distintas”.

No descartó que salgan a las calles y algunos bloqueos, pues no dejará solos a los jubilados, quienes son combativos y han esperado medio año.

“No podemos dejarlos solos. Ellos han dado su vida al país y al estado, educando a los ciudadanos y, por lo tanto, no deberían estar en esta situación, jamás un maestro jubilado debería estar rogando por lo que le corresponde”.

Hizo notar que el gobierno pasado “fue insensible” y por ello tuvieron que salir a las calles, al tiempo de externar que esperan que en esta administración haya una mejor actitud. “Tal vez no estén bien informados… creo que han sido descuidos, porque voluntad no vemos. Desde enero se debió haber pagado y seguimos esperando. El llamado es a que se respete a los jubilados porque los maestros deben ser lo más importante para el estado”, agregó.

Representantes de jubilados, entre ellos la profesora Estela Cárdenas Casta, secretaria general de la delegación D-IV-24, dijeron que buscaron diálogo con autoridades estatales de mayor nivel, al señalar que el director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, se ha mostrado insensible e irrespetuoso con ellos.

“Nosotros insistimos en no ir con él porque el trato que hace el profesor Eliacín hacia nosotros es un poco grosero, ha llegado hasta a pegarle al escritorio cuando algo no le parece y es muy afecto a gritar; a lo mejor porque nos ve ya mayores, pero nosotros tenemos la experiencia y la fuerza para hacer que nos cumplan y nos den una respuesta… Es eso de gritarnos y manotearnos, creo que le pedimos respeto… Si uno le dice algo que no le parece, levanta mucho la voz y no creo que una persona que está al frente de educación no la tenga”.  

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, se reunió con la síndica municipal, Marisol Becerra de la Fuente.

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, se reunió la mañana de este lunes con la síndica municipal, Marisol Becerra de la Fuente, en las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, para abordar varios rubros, como la regularización de predios. Se acordó un encuentro el próximo jueves para avanzar en el tema de seguridad, en el cual esperan la presencia del alcalde Antonio Villalobos Adán.

A su arribo al palacio municipal, el funcionario estatal dijo que recibió por escrito una invitación de la síndica, por lo que atendió la propuesta. Rechazó que haya confrontación entre el gobierno el estado y el ayuntamiento capitalino.

Tras el breve encuentro, Sanz Rivera -junto con Becerra de la Fuente- informaron que el primero de los temas que se trató fue el de seguridad, para el cual se acordó una reunión el jueves, en la que se trabajará el acuerdo para la puesta en marcha del Mando Coordinado en la ciudad.

En segundo término, se planteó iniciar una mesa de trabajo sobre la regularización de cuando menos ocho predios que son del gobierno estatal y que usa o administra el municipio, o a la inversa, entre ellos los que ocupan el panteón de "La Paz" y el mercado Adolfo López Mateos (ALM).

El tercer punto abordado, expusieron, es el pago de adeudos del predial por inmuebles propiedad del gobierno del estado. Sanz Rivera enfatizó que hay deudas heredadas desde la administración pasada, lo cual sabe con certeza porque ya existían desde que estaba en la pasada administración de Cuernavaca.  

Entrevistado respecto a la firma del Mando Coordinado, el funcionario estatal comentó que han continuado las conversaciones a través de la Secretaría de Gobierno y hay varios puntos en revisión planteados por el cabildo capitalino, que esperan sean analizados y acordados en breve.

Para su integración será emitida una convocatoria en la que se definirán los perfiles de quien será su titular.

Este lunes se dio conocer la firma del decreto por el que se crea y regula la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos. Para su integración será emitida una convocatoria en la que se definirán los perfiles de quien será la persona titular. En el acto, víctimas demandaron la intervención del gobierno estatal para evitar que la Fiscalía General del Estado (FGE) “dé carpetazo” al caso de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, que cumpla con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que se fiscalice a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).

En el Palacio de Gobierno se llevó a cabo el acto protocolario de la firma de dicho decreto, con lo que Morelos se suma a las entidades que conformaron dicha instancia local, lo cual quedó pendiente desde la administración pasada.  

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que México enfrenta una crisis grave en materia de desaparición de personas y violación de derechos humanos, tras años de indolencia por parte del Estado, al tiempo de referir que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta enero pasado había en el país más de 40 mil desaparecidos.

Aseveró que los casos de dichas personas desaparecidas no pueden ser "números que se archivan, no pueden dejar de importarnos nunca".

De igual modo, expuso que tomó un largo proceso normativo llegar al día en el que se suscribe el decreto de operación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la cual participaron diferentes colectivos de víctimas, los que dieron su opinión sobre las reglas que se deberían seguir para el mejor funcionamiento de la multicitada comisión.

Casi al concluir el acto oficial irrumpieron en el salón algunas víctimas, entre ellas la activista Amalia Hernández, tía del joven Oliver Wenceslao, joven desaparecido, asesinado e inhumado ilegalmente en las fosas clandestinas de Tetelcingo en 2014; con una manta demandaron que se cumpla la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a la inhumación ilegal de 119 cadáveres.

Denunciaron “la indolencia” de la Fiscalía General del Estado, que “pretende dar carpetazo” al asunto, pues no observan avances en el proceso penal que se sigue a dos ex funcionarios, no obstante que hoy martes está programada la audiencia intermedia.

Recordó que desde marzo pasado pidieron al área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del estado una mesa de trabajo para dar seguimiento a la citada recomendación de la CNDH, que fue emitida en octubre del 2016, pues, aunque fue heredada al gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, debe ser atendida.

Otras madres que acudieron al evento formal tomaron la palabra y demandaron también que se fiscalice a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y que se liberen los recursos para quienes exigen justicia,  a quienes siguen buscando a sus familiares, así como para los procesos de reparación de daños.

Al respecto, Ojeda Cárdenas les respondió que el decreto firmado ayer es un primer paso, y ofreció atender al momento a las víctimas; de igual modo, buscar -en respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE)- el diálogo con el fiscal Uriel Carmona Gándara, para exponer la inquietud de las manifestantes.

Luego del encuentro en privado, el secretario de Gobierno informó que se acordó con el fiscal Uriel Carmona Gándara, vía telefónica, instalar una mesa de trabajo el próximo viernes con la activista Amalia Hernández. Apuntó que el propio titular de la FGE le expresó que no existe intención alguna de dar carpetazo al asunto de las fosas y que la carpeta sigue en integración.

Pablo Ojeda comentó que en el acto oficial se dio inicio legal a la creación de la comisión de búsqueda de personas, que es un asunto fundamental en la atención a los derechos humanos.

En cuanto a la petición de revisión al manejo de recursos de la CEAV, informó que todas las dependencias o instancias están sujetas a auditorías y se habrá de revisar el papel de la referida comisión, pues está dando los resultados esperados.

Por cuanto a la recomendación de la CNDH relativa a las fosas de Tetelcingo y Jojutla, indicó que el Poder Ejecutivo no tiene asuntos pendientes; lo que está por cumplir corresponde a la FGE, como integrar cuatro perfiles genéticos, no sólo dos, para que no haya dudas de la identidad de los cuerpos.

Hizo notar que se le da acompañamiento porque el gobierno estatal está señalado en la recomendación y se le da seguimiento para apoyar su cumplimiento, porque “urge cumplir con los protocolos, tanto en la inhumación como la exhumación de cuerpos”.

Mediante un comunicado, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que las actividades en la escuela secundaria general número tres 'Eulalia Guzmán' de Jiutepec continuarán este martes de manera regular.

Lo anterior, "ante los hechos difundidos en medios de comunicación y redes sociales sobre la explosión de un petardo en las inmediaciones de dicho plantel escolar".

Al respecto, el organismo detalló en el documento referido lo siguiente:

"Durante la ceremonia de Honores a la Bandera del turno vespertino de este lunes 17 de junio, tres estudiantes que no se presentaron a clases, desde afuera de la escuela arrojaron un objeto explosivo a la techumbre de este centro educativo, el cual dañó una de sus láminas, desprendiendo un fragmento que provocó una herida a un maestro de inglés.

El profesor, quien es reportado como estable, está siendo atendido en el hospital de alta especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el municipio de Emiliano Zapata. Hasta el momento no se reportan más personas lesionadas por este hecho.

Paralelamente, las autoridades educativas de dicha secundaria ya establecieron contacto con los padres de familia de los alumnos involucrados en este incidente.

A su vez la dirección del plantel, en acompañamiento de la unidad jurídica del IEBEM, llevará a cabo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades y establecer las medidas resarcitorias correspondientes y que este acto no quede impune".

De igual modo, el IEBEM dio a conocer que las actividades en la secundaria referida continuarán de manera regular el martes 18 de junio.

Finalmente, la autoridad educativa señaló que condena los actos de violencia que atenten en contra de cualquiera de los miembros de la comunidad escolar "dentro y fuera de los casi mil 800 planteles de educación básica en el estado, por lo que se han activado los protocolos de actuación pertinentes para prevenir y erradicar dichas conductas en el alumnado".

Centenas de personas se manifiestan este lunes en oficinas de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Morelos, para reclamar por fallas en la operación del programa "Jóvenes construyendo el futuro".

Los inconformes señalaron que el viernes recibieron mensaje notificándoles que habían sido dados de baja.

Sin embargo, sostienen que es injustificado porque no han faltado al trabajo en las empresas donde han sido asignados.