Recordó que en lo que se refiere al combustible, la administración pública consume un considerable volumen, sobre todo para aquello que tiene que ver con la prestación del servicio de la seguridad pública, para cuyo efecto se utiliza una flotilla vehicular numerosa.

El funcionario mencionó que además, a través de la Dirección General de Adquisiciones, se compran insumos por cantidades presupuestales significativas y se prevé que su precio variará considerablemente, “ello indica que gastaremos más en esos rubros”.

Ante ello, destacó Michel Luna, ya se trabaja en la elaboración de proyecciones a fin de ir midiendo el tamaño de las necesidades presupuestales adicionales, tomando en consideración que ya la ley de ingresos y egresos del 2017 está aprobada  y no hay forma de modificarla. Consideró que lo más prudente será seguir buscando dónde se pueden reducir gastos y aplicar programas de austeridad.

Por otra parte, en lo relacionado a la resistencia de algunos presidentes municipales en aceptar aportar el dos por ciento de sus participaciones para el fondo de rescate financiero a  municipios, recordó que ya es una disposición oficial, porque está publicada, pero ante la desconfianza de los munícipes, señaló que será manejado por una comisión técnica, algo así como un cuerpo colegiado.

Los integrantes de éste, abundó, serán, el gobernador del estado, el Secretario de Hacienda, el de Administración, el diputado de la comisión de desarrollo municipal y el titular del IDEFOMM, que representa a los alcaldes, “por eso no tienen porque tener desconfianza en lo que toca al manejo de los fondos”.

Frente a la advertencia de los ediles de irse a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Michel Luna estimó que difícilmente prosperaría, porque “la Ley en materia de participaciones indica que mínimamente se les debe dar el 20 por ciento y aquí es lo que se les entrega, no habría materia de irregularidad”.