Cuernavaca, Morelos.- Durante su periodo, el expresidente de la Mesa Directiva Francisco Moreno Merino solicitó un adelanto por 63 millones de pesos de participaciones federales al Poder Ejecutivo, sin justificación aparente, motivo por el cual el Congreso local atraviesa por una crisis financiera histórica. Mientras tanto, el conflicto político y laboral por la falta de pagos mantiene paralizado al Poder Legislativo.
Lo anterior fue dado a conocer durante una rueda de prensa por los presidentes de los órganos de control del Congreso y la titular del área de Finanzas, quienes decidieron hablar sobre el problema, después de cinco días de "parálisis" en el Congreso.
La secretaria de Finanzas, Patricia Bandera Flores, confirmó que no se puede acceder de manera total al presupuesto 2017, derivado del pago del adelanto de participaciones por 63 millones de pesos, adeudo que solicitó el anterior presidente del Congreso local.
Además, refirió que heredó pasivos por 75 millones de pesos, de la cual ya se han pagado 43 millones.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva Beatriz Vicera Alatriste no explicó el motivo por el cual su antecesor solicitó dicho adelanto de participaciones, ni en qué fue utilizado. Sin embargo, rechazó que el voto a favor que emitió Moreno Merino para aprobar la reforma electoral le garantice protección.
Mientras tanto, aseveró que derivado de dichas deudas ya no se puede sostener la nómina que se paga desde el año pasado, por lo que todos los legisladores locales tendrán que reducir en un 20% el gasto por pago de salarios, pese a que el PAN y el PRI no aceptaron firmar el acuerdo de la Junta Política y de Gobierno.
Incluso, Vicera Alatriste exhibió el monto que pagan los coordinadores de estos grupos parlamentarios, Víctor Caballero Solano y Alberto Martínez González, respectivamente, que superan el medio millón de pesos. En el caso de la nómina del PRD, aseguró no tener el dato exacto.
Irrumpen trabajadores en rueda de prensa
Trabajadores de los diputados que integran el G-10 irrumpieron en la rueda de prensa que se desarrollaba en un hotel de Cuernavaca y a gritos exigieron a la presidenta Beatriz Vicera el pago de su salario.
Los inconformes obligaron a que los presidentes de los órganos de control cambiaran de lugar donde daban la rueda de prensa y acusaron al grupo parlamentario del PRD de condicionar el pago de su nómina para que se aprueben sus propuestas.
El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Julio Espín Navarrete, señaló a sus homólogos del PRI y PAN de utilizar a "golpeadores" para “desestabilizar” más la situación del Congreso.
Lo anterior fue rechazado por el coordinador del PRI, Alberto Martínez González, y reiteró la falta de disposición del PRD para resolver el problema, al exhibir datos "maquillados" de la nómina que supuestamente tienen.
El legislador priista –junto con el resto de los coordinadores que integran el G-10 (PAN, PES, PH y Panal)– afirmó que no será "liberado" el Congreso hasta que se pague a sus trabajadores.
