Aldesa, la empresa que construyó el Paso Exprés en Cuernavaca, obra millonaria inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de abril, será demandada por todos los vecinos afectados por su construcción, dijo Lucía Meza Guzmán, diputada federal del PRD.

Esta obra consistió en la ampliación de cuatro a diez carriles del libramiento Cuernavaca de la autopista del Sol.

Durante el banderazo de inicio de los trabajos el 24 de enero de 2015, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que la obra sería concluida en 18 meses y que requeriría una inversión de mil 50 millones de pesos.

Sin embargo, los trabajos de ampliación de los cerca de 15 kilómetros de vialidad concluyeron en abril de este año, con un costo de dos mil 200 millones de pesos.

Durante su construcción, el Paso Exprés dejó cientos de afectaciones a los vecinos de una decena de colonias por las que atraviesa esta vialidad.

“Hemos tenido la oportunidad de recorrer, de visitar a las familias que fueron afectadas precisamente por el tema del Paso Exprés y pues nosotros vamos a ayudarles a entablar una demanda en contra de la empresa, porque han tenido afectaciones graves a sus viviendas, al grado de perder el cien por ciento de la vivienda porque ya se humedeció, porque se echaron a perder todos sus muebles, el poco patrimonio que tiene toda esa gente ya se echó a perder”.

“Quedaron algunos prácticamente encerrados con coladeras, rompieron drenajes, rompieron toda la red de distribución de agua potable y la verdad que no han resuelto absolutamente nada. De hecho hay un compromiso formal con las familias afectadas de que consigamos una reunión con el delegado de la SCT (José Luis Alarcón Ezeta), que nos la ha negado en diferentes ocasiones. Nos hemos acercado a solicitar esta reunión, nos la ha cancelado y yo creo que un punto de acuerdo no es suficiente”, expresó la diputada en entrevista.

Para presionar a las autoridades federales para resolver las demandas, las familias afectadas viajarán a las instalaciones de la SCT en la Ciudad de México.

“Lo que queremos es organizar a la gente para poder ir directamente a la SCT federal para que de alguna manera nos dé una respuesta, porque hay un recurso precisamente para pagar todas estas afectaciones. De hecho, platicamos con el residente, con el encargado de la obra, y él nos dijo que ya estaba en curso un recurso precisamente para poder pagar a la gente que ha salido afectada, porque no han cumplido, además con todas las minutas que estaban en la mesa desde el inicio para que pudiera transitar con la obra”.

“La idea es que a través de nuestra intervención se puedan concretar estos compromisos que se quedaron y que la gente está en el abandono, sin casa, está pagando renta porque su casa ya no puede ser habitada y está en un riesgo todo el tiempo”, dijo Lucía Meza.

El gobierno federal –agregó- debe echar mano de la fianza de vicios ocultos que las empresas constructoras pagan para poder resarcir este tipo de daños.

Aunque el Paso Exprés fue inaugurado en abril de este año, trabajos adicionales, como la construcción de puentes peatonales y la reparación de drenajes y redes de agua potable que fueron afectadas por la obra, todavía no concluyen.

Con el inicio de la temporada de lluvias, el material de estas obras complementarias es arrastrado por el agua hacia coladeras, lo que provoca inundaciones en calles y viviendas.

Cuatro de los diez carriles de esta vialidad son confinados, es decir, están separados por un muro de contención y sólo tienen una salida y una entrada. Son usados por los automovilistas que buscan cruzar Cuernavaca del sur hacia la Ciudad de México y del norte hacia el puerto de Acapulco.

Ni los carriles confinados ni los que son destinados al tránsito local cuentan con acotamiento, por lo que cuando los vehículos se descomponen deben permanecer varados sobre el arrollo vehicular.

Tampoco cuenta con carriles de incorporación a gasolineras o negocios asentados a la orilla de la autopista.

Vecinos afectados han organizado bloqueos en esta vialidad, ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de su Centro en Morelos.