Cuernavaca, Morelos.- El Poder Ejecutivo exhibió, una vez más, pifias del Congreso local en las observaciones que hizo al decreto pensionario a favor del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricardo Rosas Pérez, en las que, además de inconsistencias, plantea que los legisladores no consideraron la viabilidad económica al aprobar dicho decreto.

El pasado viernes, en sesión de la Diputación Permanente se informó de las observaciones hechas por el gobernador Graco Ramírez, al decreto por el cual se otorgó una pensión vitalicia al 100 por ciento del salario que percibía el ex magistrado presidente del TSJ hace más de siete años, superior a 100 mil pesos mensuales, en cumplimiento a una ejecutoria de revisión de amparo.

En el documento que fue turnado a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el titular del Poder Ejecutivo advierte de su derecho al veto en caso de decretos aprobados por el Congreso del estado, en base a una interpretación "política", por lo que consideró necesario que la pensión de Rosas Pérez sea nuevamente revisada por "inconsistencias" y "excesos" en el decreto aprobado por el Pleno legislativo el 30 de mayo pasado.

De acuerdo al Ejecutivo, los legisladores no consideraron el impacto presupuestal que tendría la aprobación de una pensión por el porcentaje autorizado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Lo anterior, al considerar que el monto anual por el pago de la pensión y otros derechos acumulados desde hace siete años, cuando el ex magistrado exigió su derecho laboral, es de aproximadamente siete millones de pesos para este año.

Por otro lado, el gobernador consideró que los legisladores no atendieron en todos sus términos a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos.

Se consideró que el decreto de pensión aprobado por los legisladores no señala el último cargo que desempeñó Ricardo Rosas Pérez, así como tampoco se expuso el por qué se dio un tratamiento igual al caso de la ex magistrada Virginia Popoca González, pensionada el año pasado, tras una ejecutoria de amparo.

"...legislador no expresa las razones que le llevaron a considerar que el Decreto número 1758 era un caso análogo respecto de la solicitud de pensión realizada por el C. Ricardo Rosas Pérez; de ahí que el acto que nos ocupa puede estar viciado por una indebida motivación, vulnerando con ello las garantías constitucionales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consolida su constitucionalidad", señala el documento de las observaciones.

El Poder Ejecutivo también exhibió pifias en cuanto a la fecha exacta en que se designó como magistrado a Rosas Pérez, ya que en el decreto aprobado por los legisladores se cita el 17 de mayo de 1924, "circunstancia esta última que resulta incongruente", ya que en la documentación que presentó el beneficiario señala que su nombramiento surtió efectos el 19 de mayo de 1994.

Además, se señalan errores ortográficos y gramaticales, "que si bien no trascienden en el fondo del asunto, perjudican la práctica de una correcta técnica legislativa, y por ende, la emisión de un decreto".

El Congreso del estado, mediante una revisión en la Comisión del Trabajo, puede atender o no dichas observaciones, o en su caso defender su postura y regresar el decreto para que finalmente entre en vigor el pago de la pensión vitalicia a favor del ex magistrado.