Política
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Antorchistas que se oponen a mercado en Totolapan presionan a magistrados federales

Exigen a los juzgadores resolver un recurso de queja y ordenar la suspensión de la obra de construcción del nuevo mercado municipal.


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Un grupo de habitantes del municipio de Totolapan, pertenecientes a la organización Antorcha Campesina, se manifestaron en el acceso principal de la Ciudad Judicial de Cuernavaca para exigir a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, que resuelvan inmediatamente su recurso de queja y ordenen la suspensión de la obra de construcción del nuevo mercado municipal.

De acuerdo con el abogado y líder antorchista, Leonardo Javier López Eguía, el Juzgado Séptimo de Distrito desechó la demanda de amparo 1002/2017, con el argumento de que los inconformes no agotaron los medios de impugnación previos, al no haber objetado el proyecto primero ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Consideró desafortunado el criterio del juez, pues se demandaron violaciones a los derechos humanos y a la Carta Magna, porque las comunidades indígenas del municipio no fueron consultadas sobre el proyecto.

Además de que esta zona, donde se pretende edificar el nuevo mercado es prácticamente una extensión del ex Convento de San Guillermo Abad, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).

Expresó que desde el mes de julio se presentaron todas las pruebas y constancias dentro el recurso de queja 226/2017, promovido contra el desechamiento del juicio de amparo y la negativa de suspensión del acto reclamado y, por esa razón, un grupo de habitantes inconformes de Totolapan decidió manifestarse y pedir a los integrantes del tribunal colegiado que resuelvan a la brevedad posible y, atendiendo a los argumentos jurídicos, se ordene la suspensión de la obra que ha polarizado a la población.

Explicó que desde el 7 de julio el recurso de queja fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Vélez y hasta la fecha no ha sido resuelto, pese a que el artículo 101 de la Ley de Amparo establece que en 40 días hábiles, después de que se tengan las constancias, se tiene que dictar sentencia.

Dijo que el argumento para retrasar la resolución es la carga de trabajo, pero la misma Suprema Corte de Justicia ha determinado que esto no es pretexto para retrasar la impartición de justicia.

Insistió que los pobladores inconformes rechazan la obra no sólo porque no fueron consultados, sino porque es su convicción que en el lugar no se debe construir un mercado, sino un museo o realizar obras de conservación de la zona reconocida como patrimonio de la humanidad para generar turismo y fomentar la cultura. 

 

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Maciel Calvo

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