A unos días de que arranque la aplicación del alcoholímetro en el municipio de Cuernavaca, la Barra de Abogados advirtió que hay lagunas jurídicas y vacíos que podrían generar un revés legal y críticas a la autoridad municipal.

Para el presidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, la implementación de operativos para la aplicación de pruebas de alcoholimetría a los automovilistas tiene, en esencia, una buena intención, sin embargo, por la forma en que la medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Cuernavaca, pareciera que la autoridad está más interesada en recaudar multas que en prevenir accidentes automovilísticos asociados al consumo de bebidas embriagantes.

Hace unos días, la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Cuernavaca anunció que a partir del 24 de noviembre se aplicará el programa de alcoholimetría y las personas que conduzcan en estado de ebriedad se harán acreedoras a multas de hasta cuatro mil 152 pesos, y a quienes sean sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un vehículo se les aplicará una multa de mil 132 pesos, con remisión al juez cívico y el vehículo al corralón.

Rosete Flores consideró que el programa no cumplirá con su propósito preventivo, ya que la autoridad municipal focalizará el programa a la recaudación y no a la concientización y medidas que eviten que los conductores manejen en estado inconveniente.

Criticó que la autoridad -de tajo- pretenda sancionar económicamente y consideró que “el programa se queda corto”, porque existen otras medidas preventivas que pueden explorarse y que podrían tener mayor efectividad.

“Pareciera que es un negocio en el cual va a obtener recursos y eso es lo que no podemos permitir, que sea para beneficios particulares”, señaló, y advirtió que así como fue planteado el programa, podría dar lugar a juicios de amparo ante posibles violaciones a los derechos fundamentales.

Consideró primordial la presencia de un representante de la Comisión de Derechos Humanos y un representante de la sociedad durante la aplicación del alcoholímetro, “para dar testimonio de que no se está abusando de una persona en estado de ebriedad, sino que se prevenga un accidente, algún tipo de percance, esto es lo que buscamos y no se trate sólo como un negocio”.

El comisionado de seguridad Alberto Capella Ibarra advirtió que existe “un vacío y un debate todavía en ese tema. Necesitamos darle certidumbre a los ciudadanos que van a ser valuados, hay un tema de carácter jurídico que se tiene que atender, lo queremos evitar y el objetivo fundamental es que conductas que tengan que ver con manejar en estado de ebriedad, provoque daños a terceras personas o inclusive a los propios conductores, no un tema recaudatorio”.

Explicó que ha pedido que la atención del programa esté focalizada en medidas preventivas, el respeto a los derechos humanos y el resguardo adecuado de los vehículos.

También el titular de la CES consideró que hay aspectos jurídicos qué subsanar en la implementación del alcoholímetro, “porque si no somos precisos en su aplicación, van a iniciar una serie de quejas y de situaciones que en el futuro pueden convertirse en una crítica”.