Organizaciones defensoras de los derechos humanos y sindicales refrendaron la semana anterior su convicción de continuar su lucha contra la Ley de Seguridad Interior, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación pese a las protestas e inconformidades de distintos sectores de la sociedad.
Las diversas organizaciones adheridas al Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, manifestaron su indignación contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, quienes aprobaron y promulgaron la ley sin importar las múltiples peticiones de rechazo porque, entre sus objetivos, se pretende imponer un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad.
“Sin escuchar las voces de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior por Enrique Peña Nieto, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.
“En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”, señalaron las organizaciones.
También argumentaron que la Ley de Seguridad Interior no incorporó los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos atendió aquellos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General Número 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por ello, “consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas”.
“El asunto de cómo controlar la violencia cotidiana que se cierne en las calles de cualquier ciudad de la república y cómo erradicar a los grupos criminales de narcos que manejan el secuestro y la extorsión no es algo nuevo para el gobierno y los legisladores actuales. Peña Nieto dejó pasar cinco años para intentar endilgarnos una ley de seguridad interna que involucra como principal actor al Ejército”.
Recalcaron que la amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteraron su rechazo e hicieron un llamado urgente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad, mediante la promoción de la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en víspera.
