La Barra de Abogados del Estado de Morelos denunció que desde el 21 de julio de 2017 la Secretaría de la Función Pública encontró actos y omisiones cometidos por servidores públicos relacionados con la construcción del Paso Exprés y que siete meses después no hay funcionarios sancionados.

Miguel Ángel Rosete, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, informó que esa agrupación interpuso dos quejas en contra de la obra del Paso Exprés, ejecutada por empresas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Una de las quejas fue presentada antes de la tragedia del socavón, donde murieron los dos tripulantes de un vehículo que cayó al fondo del agujero.

“Son dos quejas que se interpusieron, una fue previa al socavón, fue previo al incidente que tuvimos, donde se perdieron la vida dos morelenses, en el cual se señalaban las irregularidades del Paso Exprés. Es decir, que no contaba con los carriles de seguridad que toda autopista debe de contar, no tenía los carriles de acotamiento, no tenía los accesos ni las salidas del Paso Exprés a la zona urbana y que estas salidas y entroncamientos que había con la zona urbana estaban a 90 grados, es decir que era un riesgo latente para las personas”, dijo.

La segunda queja fue presentada después de la tragedia y en ella los abogados solicitaban investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades en la construcción de la obra.

De acuerdo con Rosete, el 21 de julio de 2017 el Órgano Interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respondió a las quejas.

En el oficio, informó el abogado, la dependencia federal aceptó la posibilidad de responsabilidad por acciones y omisiones de funcionarios involucrados en la construcción del Paso Exprés.

“Tuvimos una respuesta mediante oficio número 09/200/2619/2017 firmado por la licenciada Blanca Estela Mejía Espíndola, quien es la titular del área de quejas de la Secretaría de la Función Pública, en la que textualmente indica: una vez que se agotaron los extremos de la investigación con esta misma fecha emito acuerdo en el que se determinó que existen elementos para presumir que servidores públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presuntamente incurrieron en actos y omisiones susceptibles de responsabilidad administrativa”, expresó Rosete.

Para los litigantes, el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca es un monumento a la corrupción e impunidad.

“Consideramos es una burla, es un robo, es un monumento a la corrupción, a la impunidad, puesto que la obra no es funcional para los cuernavacenses, no es funcional para las personas que cruzan la ciudad de Cuernavaca y por supuesto es una obra, es una vía que trae más riesgos que beneficios y todo aunado a una corrupción en la cual se presentó la denuncia ante la PGR, siendo que esta institución ha sido omisa en investigar y dar sanción a los probables responsables y llevar tras las rejas a estos responsables de estos hechos”, dijo Rosete.

Sin embargo, siete meses después la investigación y las sanciones –agregó- permanecen detenidas.

“Hay los elementos para considerar que había omisiones y delitos de acción por parte de funcionarios de SCT y pareciera ser que alguien detuvo, escondió o paró o frenó la sanción, de la cual SCT ya había dado cuenta que sí correspondía”, dijo.

A través de la Fiscalía General del Estado las familias de las dos víctimas mortales del socavón del Paso Exprés, alcanzaron un acuerdo reparatorio con la SCT y las empresas encargadas de la construcción de la obra.

Con ese acuerdo, de acuerdo con los abogados de las familias, se dio carpetazo a la investigación penal por el delito de homicidio culposo, pero no a las investigaciones administrativas.