Abogados apoyan a Alejandro González, mientras que ONG cuestiona su llegada.

El nombramiento como secretario técnico interino de Alejandro González Chávez sigue causando mella y división en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pues mientras el Consejo Estatal de Abogados se pronunció en su apoyo, miembros del Comité de Participación Ciudadana del SEA y la organización Morelos Rinde Cuentas insistieron en la ilegalidad de la designación. 

El tema volvió a generar debate, luego de que este miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el documento por el cual el pasado 19 de noviembre González Chávez fue designado secretario técnico interino de la Secretaría Ejecutiva del SEA, pero horas después se emitió una nota aclaratoria en el órgano oficial de difusión que dejaba sin efectos la publicación, con la explicación de que no cumplió con los requisitos previstos en el reglamento de dicho periódico. 

Esto causó reacciones sobre la legalidad y vigencia del nombramiento. El director General del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca González, salió en apoyo de González Chávez para aclarar que su nombramiento  como secretario técnico provisional es legal y está vigente desde el pasado 19 de noviembre, pese a la nota aclaratoria y el desacuerdo de dos de los tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC-SEA)

Lamentó la parálisis del SEA y del comité ciudadano, porque “hasta el día de hoy no ha funcionado como tal, por la sencilla razón de que hay pugnas entre ellos, no se ponen de acuerdo para (la) designación, y bueno, en función a esa publicación y a esa designación, este consejo determina apoyar la designación del licenciado” González Chávez y ojalá los integrantes del CPC “entren en prudencia” (sic) y realicen pronto el nombramiento definitivo. 

Invitó a dirimir por la vía del diálogo y la conciliación las diferencias entre los miembros del comité ciudadano, para evitar que la disputa llegue a los tribunales y el SEA siga entrampado. 

Afirmó que Alejandro González Chávez tiene también el perfil y el prestigio para desempeñar el cargo ya que, ejemplificó, fue director de la Facultad de Contaduría, y presidente de Abogados Fiscalistas, y se desempeña como catedrático universitario. 

En contraste, la organización civil Morelos Rinde Cuentas mantiene su postura crítica por considerar que la designación no cumplió con los procedimientos legales ni se realizó de manera transparente. 

Incluso, cuestionó la publicación del nombramiento en el Periódico Oficial y la rectificación que se realizó posteriormente. “Por la mañana el periódico oficial de Morelos publica un acuerdo del Comité de Participación Ciudadana designando un Secretario Técnico Interino (violatorio de la ley). Por la noche el mismo periódico la echa para atrás ¿A quién se le aplicará la Ley de Responsabilidades?”, expresó la organización a través de su cuenta oficial de tuiter. 

Damiana Herrera Mota, integrantes del CPC-SEA, y quien se opuso a la designación de González Chávez, explicó que el nombramiento se realizó de manera ilegal y detalló el porqué.

Afirmó que el Comité de Participación Ciudadana tiene la atribución, según el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, de autorizar una terna de aspirantes a ocupar la secretaría técnica, para ser sometida ante el Comité Coordinador del SEA. 

Dicho comité está integrado por las personas titulares de la Entidad Superior de Auditaría y Fiscalización, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Instituto Morelense de Información Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el representante de las contralorías municipales (en este caso del municipio de Cuernavaca, por tener el mayor número de habitantes) y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside. 

Expresó que la terna fue autorizada de manera irregular por tres de los cinco integrantes del CPC y aún está en revisión por el Comité Coordinador; además de que la ley no prevé la figura de un Secretario Técnico Interino y mucho menos la facultad del CPC para designarle.

 

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El presidente de la Barra de Abogados dice confiar en que la SCJN anule la ampliación del periodo de los magistrados aprobada por los anteriores diputados.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará abajo las disposiciones por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

El dirigente de los abogados barristas, Cristian Velasco Alcocer, dijo que están a la expectativa de lo que discutan este lunes los ministros en el Pleno del SCJN y esperan que anulen la ampliación del periodo de los magistrados.

“De manera personal estoy a favor de que sean sólo 14 años, porque la gente que tiene carrera judicial y que aspira a esos cargos tendrían que pasar (a ocupar esos cargos) y si se dejan los 20 años, entonces tendrían que esperar seis años más para aspirar a una magistratura, aunado que creemos que en su momento la anterior legislatura no tomó la opinión y sentir de la sociedad”, recalcó.

Insistió en que los magistrados no deben tener una permanencia vitalicia, porque hay que oxigenar al Poder Judicial y permitir que esos espacios sean ocupados por persona que se han preparado para trascender en el ámbito de la administración de justicia.

Indicó que una vez que la Corte dé su fallo, podrá regresar la estabilidad al Poder Judicial, ante la crisis que atraviesa actualmente. 

 

  

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La SCJN resolverá en el presente periodo de sesiones la controversia.

El presidente de la Barra de Abogados, Iván Alcocer Velasco, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que defina la polémica sobre la modificación del periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Lamentó que el Poder Legislativo no haya realizado adecuadamente el procedimiento para revertir la reforma que realizó la anterior legislatura, por la cual amplió de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados.

Consideró que fue un exceso de los anteriores diputados, sobre todo porque fue coartada la posibilidad de renovar el Poder Judicial y dar la oportunidad a las nuevas generaciones para competir por las magistraturas.

“Consideramos que sí debería de disminuir el tiempo de los magistrados, porque son diversos los profesionistas que se siguen capacitando y que ejercen de excelente manera sus funciones en el servicio público o también en el litigio.

“Entonces, sabemos que eso es coartar el derecho y dejar que pocos lleguen a esos puestos, los cuales son privilegiados. Sabemos que, si se acorta el plazo, será más fácil para las nuevas generaciones alcanzar esos puestos”, señaló.

Insistió que fue deficiente e inadecuado el proceso legislativo por el que se intentó fallidamente regresar las designaciones al periodo original de 14 años, pues en el Poder Legislativo no ha escuchado ni tomado en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de abogados, que siempre están dispuestas a apoyar con opiniones jurídicas.

Señaló que el tema será definido por al SCJN, que ya tiene previsto resolver en este periodo de sesiones varios temas relacionados con el estado de Morelos.

 

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El presidente de la Barra de Abogados del Estado cuestiona que los diputados federales por Morelos no aboguen por el tema desde el Congreso de la Unión.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcoser, criticó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alegue falta de presupuesto para corregir las fallas de construcción en Paso Exprés, y que los legisladores federales por Morelos no aboguen por este tema desde el Congreso de la Unión.  

Afirmó que después del socavón que cobró la vida de hombres hace dos años, la SCT no debe ser pasiva u omisa, ya que existen fallas de origen en la construcción de la obra que son un riesgo para la integridad de miles de ciudadanos que diariamente transitan por esa vía.

“El problema es que dicen que no hay dinero para poder hacer las mejoras, es increíble que nos digan que no hay un recursos y, para nosotros como ciudadanos, no solamente como abogados, sino como ciudadanos morelenses, es increíble que estemos arriesgando nuestras vidas día con día y que no haya un solución, en la cual se vean resultados a corto plazo, no es posible que sigamos arriesgándonos.

“¿Qué están esperando, que haya  otra vez otro accidente como el que hubo un 12 de julio, cuando estábamos en el festejo del día de Abogado y se nos hizo saber lo del socavón? Exigimos a las autoridades que actúen, y si no procederemos jurídicamente para que se proceda a las reparaciones y mejoras al Paso Exprés”, dijo.

También lamentó el desinterés de los legisladores federales en un tema tan importante y que desde la tribuna no pugnen por etiquetar recursos para subsanar las fallas y prevenir riesgos.

“Sean senadores o diputados federales, no es posible que no nos estén tomando en cuenta nuestras vidas y nuestra seguridad, tendrían que asignar una partida de inmediato para que no sigamos corriendo peligro, pues si ya pasó con un padre familia y un hijo (quienes murieron en el socavón de más de 12 metros de profundidad que se hizo sobre el Paso Exprés el 12 de julio de 2017) ¿Estamos esperando que le pase a más gente para dar solución? No.  Necesitamos que si no lo hacen, como Barra de Abogados estaremos interponiendo las denuncias y demandas correspondientes”.

Consideró que los representantes populares no tienen conciencia de la seriedad del tema y no visualizan que ellos también circulan por esta vía de comunicación y que un accidente derivado de las fallas de construcción también les puede pasar a ellos, a sus familias o a cualquier otro ciudadano.  

 

 

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Plantean dignificar la profesión y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Organizaciones de abogados se unieron por primera vez para avanzar en la colegiación de los litigantes y empoderar al gremio, con el objetivo de dignificar esta profesión y recuperar la confianza de los ciudadanos.

Kenia Lugo Delgado, representante del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, señaló que la pretensión es que los abogados no sólo estén adheridos a una agrupación debidamente constituida sino que estén en constante capacitación y certificación, para que los usuarios de los servicios jurídicos tengan la certeza de que sus asuntos son litigados de manera profesional.

“Consideramos conveniente colegiarnos, precisamente para tener elementos de capacitación, de certificación que empoderen la actividad de los abogados en el estado de Morelos. No podemos seguir separados, unos por un lado, otros por otro, porque entonces no se tiene la fuerza suficiente para poder trascender, a mejorar nuestro marco jurídico hasta llegar a un Código de Deberes Jurídico o de Ética Profesional de los Abogados, en donde se establezcan los deberes de los clientes, de los abogados y entre los mismo colegas”, explicó.

A esta propuesta de trabajar por la colegiación se sumaron  organismos como la Asociación de Abogados Penalistas, la Barra de Abogados del Estado de Morelos, el Colegio de Abogados del Estado de Morelos y el Foro Morelense de Abogados.

Enrique Paredes Sotelo, representante del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, sostuvo que este es un llamado a la unidad del gremio para trabajar en un tema de interés y beneficio común.

“Varios presidentes de asociaciones de abogados reconocidas, decidimos aglutinarnos sobre esto que es un tema común, que es la colegiación. ¿Para qué la colegiación? Obviamente para que los abogados, principalmente los jóvenes, puedan tener algunos beneficios que implica la colegiación, como lo es un seguro de gasto médicos, una pensión para su jubilación”, entre otros beneficios, dijo.

Los abogados señalaron que la propuesta fue impulsada principalmente por Cipriano Sotelo Salgado, litigante y académico, en la han coincidido en trabajar conjuntamente las organizaciones, pues el beneficio mayor es tener la confianza de la sociedad.

 

 

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“Son ustedes garantes de la legalidad, comenzando por casa, la SSP y el gobierno municipal que encabeza Francisco Antonio Villalobos Adán, quien les saludo por mi conducto: Ávila Gil.

El secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil, presidió el acto conmemorativo del “Día del Abogado”, ofreciendo un desayuno a los profesionales del derecho que laboran en la institución y desarrollan las labores sustantivas que dan certeza jurídica a los procesos en los que interviene la dependencia encargada de prevenir el delito, así como de servir y proteger a la sociedad.

Al tiempo de felicitarlos, Ávila Gil le expresó a las y los abogados su reconocimiento, pues su vocación y labor refrendan todos los días la aspiración de dar a cada quien lo suyo, como reza la máxima que define lo que es la justicia. “Esa es la norma que nos debe regir como institución, pero también como integrantes de  la sociedad, porque son ustedes garantes de la legalidad, comenzando por nuestra casa, la SSP y el gobierno municipal que encabeza Francisco Antonio Villalobos Adán, quien les envía un afectuoso saludo”, manifestó.

Durante el mensaje que compartió a los festejados, el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca aprovechó la oportunidad para conminarlos a dar lo mejor de sí, a ser rigurosos en su quehacer y sentirse orgullosos de pertenecer a una administración que busca recuperar la esencia de la comunidad capitalina.

Al mismo tiempo, compartió con orgullo que al interior de la SSP se están haciendo esfuerzos para dignificar las instalaciones, como el caso del comedor, donde se ha ido renovando el mobiliario, sanitizando el espacio y mejorando la calidad de los alimentos que se ofrecen al personal.

Además, se ha implementado un programa para sumarse a las iniciativas internacionales y a la ley recientemente aprobada en Morelos, sobre la no utilización de plásticos y popotes, entre otras medidas.

En el convivio del Día del Abogado estuvieron presentes los titulares y personal de la Subsecretaría de Policía Preventiva, Protección Civil, Asuntos Jurídicos y de la Coordinación Administrativa, así como de las direcciones de Asuntos Internos, Atención Ciudadana, Planeación y Estadística, Personal, Radiocomunicaciones y Servicios Informáticos, Armamento, Trámites y Procesos, entre otras áreas de la dependencia.

 

 

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El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, asistió como invitado de honor a la Sesión solemne de la LIV Legislatura estatal, donde se otorgó el “Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama” 2019 a destacados profesionistas del Derecho.

Los galardonados recibieron medalla y diploma; el consejo de premiación decidió que para cumplir con la equidad de género se otorgara reconocimiento a un hombre y una mujer de cada una de las seis categorías.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y demás legisladores, entregaron los reconocimientos.

Los ganadores del “Premio Estatal de Abogados Antonio Díaz Soto y Gama” 2019 son Eréndira Mejía Avilés, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Araceli Salas García, Lenin Barbosa Díaz, María Reyna Valencia Reyes, José de Jesús Guízar Nájera y Sandra Gaeta Miranda.

Así como Martha Inés Abúndez Robles, Héctor Habib Rubio Assad, Aída Hernández Salgado y Roque Antonio González Barreiro.

 

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Demanda de abogado no cumplió con los elementos suficientes.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado declaró improcedente la demanda de juicio político en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, presentado por el abogado Leonel Diaz Rogel.
En sesión de dicho órgano político, este jueves, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias consideraron que la demanda no cumplió con los elementos suficientes para turnarla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
El 3 de mayo pasado, el doctor en derecho Leonel Díaz solicitó iniciar un juicio político en contra de la magistrada por las causales de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, impunidad, supuestos actos de corrupción, nepotismo, acosó laboral, usurpación de funciones del extinto consejo de la judicatura local, así como violación a los derechos humanos y laborales de jubilados y pensionados de la mismo órgano.
El abogado informó que presentó 57 pruebas con 28 anexos que detallaban las supuestas violaciones constitucionales cometidas por Cuevas López.
De acuerdo con el dictamen, que tuvo un voto en contra -aunque no se reveló de qué partido político- las coordinadoras parlamentarias sustentaron su resolución en la fracción VII del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que señala que "En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de Juicio Político, la aportación de dichos elementos será esencial."
Para las diputadas, la demanda en contra de la magistrada presidenta del TSJ no presentó las "pruebas contundentes y explícitas" relacionadas con las causales de delito que argumentó, "así como medios legales que nos lleven a la verdad histórica de la hipótesis planteada, pues resulta esencial como requisito de procedencia como lo establece la disposición citada", se añade en el dictamen. 

 

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El representante de los sindicatos de Tepalcingo y Temixco afirma que en esos municipios se emplazará a huelga a los municipios.

Morelos y sus municipios están en riesgo de una crisis laboral, a causa de que los alcaldes se niegan a cumplir con el pago de la seguridad social a sus trabajadores, advirtió el abogado José de Jesús Pérez Moreno. 
En entrevista, el representante legal de los trabajadores de Temixco y Tepalcingo dijo que estos ayuntamientos podrían enfrentar paro de labores, la próxima semana, ya que sus empleados emplazaron a huelga por no contar con seguro social. 
El también ex secretario del Trabajo refirió que de esta situación sólo se salvan los ayuntamientos de Cuernavaca y Cuautla, porque sólo pagan servicios médicos generales a sus trabajadores. Sin embargo, tienen otro problema que es el incumplimiento por no enterar (entregar) las aportaciones al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos (ICTSGEM). 
Ante la situación laboral que enfrentan los municipios, que podría derivar en crisis, el abogado acudió este viernes al Congreso del estado para pedir la intervención de los legisladores ante los alcaldes, para que éstos cumplan con sus obligaciones patronales. 
"Estamos reclamando y vamos a reclamar vía huelga, en Temixco ya está, en Tepalcingo ya está, por seguridad social. En Ayala ya corrieron a todos los trabajadores porque ganaron. El riesgo de una crisis está en todos los municipios y venimos a ver a los diputados para que exhorten a los alcaldes a que cumplan", declaró José de Jesús Pérez Moreno. 

 

 

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Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

 

    

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