Abraham Romo asegura que la presidenta del TSJ ha validado la reforma constitucional que dice combatir.
Abraham Romo Pérez, quien legalmente aún es representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura, acusó a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, de mentir y ejercer un doble discurso, pues no solo fue promotora de la reforma que afectó la estructura y operatividad del Poder Judicial, sino que se ha dedicado a validarla, aun cuando públicamente asegura estar inconforme.
Dijo que una prueba de ello es la instauración de la comisión de magistrados que asumirá las funciones del Consejo de la Judicatura, sin miramientos ni análisis jurídico sobre los alcances de la suspensión provisional que le concedió un juez de distrito, para efecto de que él permanezca como consejero de la Judicatura, con todas las funciones, facultades y prerrogativas económicas propias del cargo hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Explicó que, paradójicamente, la medida cautelar que lo protege no fue combatida por el Congreso del estado como ente reformador y parte demandada, sino por la propia representante del Poder Judicial, Verónica Cuevas, quien promovió una queja argumentando que el Consejo de la Judicatura no existe, que atenta contra el artículo quinto de la reforma en cuestión y que no deben pagársele emolumentos.
Romo Pérez sostuvo que los hechos evidencian que Cuevas López miente respecto de la defensa de la existencia de la Judicatura, porque lo que busca es el control administrativo y financiero del Poder Judicial, en vísperas de la elección de la presidencia del TSJ, en la que ella pretende reelegirse.
Indicó que la creación la comisión de magistrados es otra prueba de que Verónica Cuevas pretende generar las condiciones para que, en caso de que se interponga una controversia constitucional, sobrevenga el sobreseimiento porque los actos han sido ejecutados.
Señaló que la representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, Guillermina Jiménez Serafín, también goza de una suspensión provisional federal para continuar con el cargo, con la reserva de que sus emolumentos fueron limitados al 30%.
Enfatizó que en ambos casos, tanto Cuevas López como el Pleno del TSJ podrían estar en la hipótesis de violación a la suspensión, máxime si se les excluye de la toma de decisiones que les competen porque jurídicamente todavía están en funciones como consejeros.
También aseguró que hay una violación a los criterios establecidos por la SCJN en la resolución de dos controversias constitucionales, en las que se validó la designación de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, se determinó que no podrán ser removidos de su encargo, salvo en las excepciones prevista en la ley, y que ejercerán sus funciones con autonomía e independencia.
Lo anterior, afirmó, podría a la postre traer consecuencias jurídicas tanto para los legisladores como para los miembros del Poder Judicial, pues a sabiendas de lo resuelto por el máximo tribunal del país, han actuado con conocimiento de causa y dolo.
