La justicia federal concedió suspensión a consejeros de la judicatura.
Los aún consejeros de la Judicatura Guillermina Jiménez Serafín y Abraham Romo Pérez afirmaron que la comisión temporal de magistrados designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para asumir las funciones del extinto Consejo de la Judicatura, no podrá tomar decisiones sobre el nombramiento de jueces ni asuntos que quedaron en tránsito, como quejas administrativas y recursos de recusación, en tanto prevalezca suspensión que les concedió la justicia federal.
“Al tener nosotros, como consejeros, la suspensión por parte de la justicia federal, no es únicamente para seguir gozando de nuestros emolumentos, sino precisamente, para no ser removidos del cargo con todo y las consecuencias que ello implica, es decir, nuestras funciones.
“En lo personal, sigo trabajando mis expedientes de responsabilidad administrativa, pero a mí tampoco se me ha llamado por parte de la comisión para ser parte de la toma de decisiones y creo que desde ahí posiblemente cabría una violación no sólo a la suspensión, sino a la propia Ley de Amparo”, dijo el todavía consejero representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura Abraham Romo Pérez.
Advirtió que si bien la reforma que extinguió el Consejo de la Judicatura previó la creación de una comisión transitoria de magistrados en tanto se instaura un nuevo órgano de administración, la negativa de analizar los efectos jurídicos de la suspensión federal por parte la presidenta magistrada del TJS, Carmen Cuevas López, implica que hay una duplicidad de funciones.
“Se están duplicando las funciones por no haber analizado a detalle los efectos, la suspensión que como consejeros de la Judicatura nos concedieron los juzgados de distrito, y por falta de reconocimiento de la propia presidenta de no querer que nosotros seamos partícipes de esa comisión”, expresó Romo Pérez, al tiempo de señalar que, desde meses atrás, Cuevas López no sólo impulsó la extinción del Consejo de la Judicatura, sino que los relegó en la toma de decisiones y les cerró el acceso a la información, al grado de que no existe aprobación del ejercicio presupuestal desde 2017 por parte del otrora Consejo.
En torno a temas delicados que quedaron en tránsito, la consejera Guillermina Jiménez Serafín consideró que el seguimiento de la convocatoria para la designación de jueces (que quedó paralizada debido a las reformas a la estructura y operación del Poder Judicial) debe realizarse con mucho cuidado para no poner el riesgo el proceso, y porque se quedó en una etapa donde existe una recusación en contra del magistrado, Rubén Jasso (otrora representante de los magistrados en el Consejo de la Judicatura y ahora miembro de la comisión transitoria) y la cual no se ha resuelto.
Dicha recusación fue presentada en diciembre de 2017 por el abogado y aspirante a ocupar una de 13 plazas de jueces mixtos de primera instancia y menores del Tribunal Superior de Justicia Jorge Luis López Flores, quien acusó a Rubén Jasso Díaz de intervenir en el proceso selección y tener un evidente conflicto de intereses porque Eder Díaz Martínez –uno de los candidatos a juez– es su concuño y presuntamente se le pretende favorecer por encima de las capacidades del resto de los concursantes.
“En determinado momento este recurso tiene que ser resulto, pero nosotros, que conocemos de la primera y segunda etapa, tendríamos que tener intervención para efecto de que se haga valer todos y cada uno de los argumentos que el ahí doliente hizo valer en contra del magistrado.
“Quedaron muchos asuntos pendientes y si bien se pretende, con la nueva comisión transitoria, asumir las funciones del Consejo de la Judicatura, no hay disposición que determine cuáles van a ser las funciones y facultades de esta comisión”, alertó Jiménez Serafín.
Ambos insistieron en que tienen que ser llamados por la comisión transitoria para la toma de decisiones; de lo contrario, serán los jueces federales quienes tendrán que sopesar si hay o no una violación a la suspensión que les fue concedida.
