El ex funcionario es acusado de contratar los servicios de la empresa Gemtel sin previa licitación, para instalar un sistema de comunicación interna entre todas las dependencias de gobierno, el cual no funcionó y provocó un gasto de 14 millones de pesos.
El pago fue hecho días antes de que terminara el gobierno de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.
Ayer, al reunirse con los diputados que integran la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la secretaria de la Contraloría entregó una ficha técnica, en la que informa el estado que guarda el proceso en contra de Pedroza Ugarte, quien no ha podido ser inhabilitado.
Dijo que hay irregularidades en el procedimiento, pues pese a que se entregaron todos los elementos para sancionar al ex funcionario, el magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), Martín Jasso Díaz, ha aceptado los juicios de nulidad que ha promovido la defensa, pero lo raro –dijo- es que en todos los casos se asignan salas al azar, pero en este caso siempre recaen en el mismo magistrado, que con sus resoluciones ha impedido que se ejecute la sentencia.
Incluso, dijo la funcionaria, el procesado promovió un amparo ante el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el cual le negó la protección de la justicia, y ordenó se aplique la sanción. Y aún así, Jasso Díaz se negó a ordenar la aplicación de la sentencia.
Por otro lado, la secretaria de la Contraloría dijo que el magistrado aceptó dos nuevos juicios de nulidad promovidos por la defensa, cuando éstos debían recaer en otra sala.
Afirmó que apenas el pasado 13 de agosto de este año, el magistrado emitió una resolución en la que ordena no se ejecute la inhabilitación de nueve años, ni tampoco la sanción económica en la que se le pide al ex funcionario la devolución de 12 millones 443 mil pesos.
Comentó que la Secretaría de la Contraloría ha ganado el juicio promovido ante el TECA, y el amparo que interpuso Pedroza Ugarte, pero aún así no pueden ejecutar la sentencia por la resolución emitida por el magistrado Martín Jasso.
La funcionaria solicitó a los legisladores intervenir e incluso citar a comparecer al magistrado, para que les explique las etapas del proceso y porqué no se puede ejecutar la sentencia.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Rabindranath Salazar Solorio, se comprometió llevar el asunto a la Junta Política y de Gobierno, para que los asesores legales de la Cámara de Diputados determinen si es o no procedente citar a comparecer al magistrado.
Mariscal Vega asistió al Congreso para defender el presupuesto que le asignó el gobernador Marco Antonio Adame Castillo, en el paquete fiscal del 2011, e informó que en este año se han destituido a tres personas y se han suspendido a 21, por haber cometido anomalías en el ejercicio de sus funciones.