Cambios en la Ley Orgánica de la FGE dan mayor autonomía a esa institución y más facultades a su titular.

La tarde de ayer, el Congreso otorgó a Uriel Carmona (titular de la Fiscalía General) la facultad de designar al fiscal especializado en el Combate a la Corrupción. Además otorgó al Poder Judicial el 4.7 por ciento del presupuesto total y creo dos plazas más de comisionados en el IMIPE, entre otras reformas aprobadas en medio de la crítica de partidos y autoridades electas.  

En la sesión de ayer -a cinco días de que finalice el último periodo ordinario de sesiones- los legisladores que conforman la mayoría saliente ampliaron las facultades del Fiscal General del Estado, quien ahora tendrá bajo su responsabilidad el Centro de Control y Confianza (C3), el Centro de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y a la Familia.

De la reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía destaca el hecho de que el fiscal general Uriel Carmona Gándara será quien designe al titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que durará siete años en el cargo y que contará con un presupuesto mínimo del cinco por ciento del total asignado a la Fiscalía General.

Los legisladores argumentaron que esas modificaciones se aprobaron para proteger a dichas instituciones "de intereses políticos y de los cambios de administración que cada seis años se dan".

En la misma sesión, los diputados reformaron el artículo 23-A de la Constitución Política del Estado, y dispusieron incrementar de tres a cinco el número de comisionados que integran el IMIPE.

En la lectura del dictamen, la diputada Edith Beltrán Carrillo, aclaró que para evitar problemas jurídicos se estableció dejar intactos los nombramientos de los actuales comisionados y sólo nombrar a dos más, mediante convocatoria que se emitirá una vez que se publique la reforma en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Logra Poder Judicial autonomía financiera 

Después de seis años y al final de la administración actual, los diputados finamente emitieron la declaratoria de validez constitucional para garantizar al Poder Judicial la autonomía financiera. 

La reforma constitucional que autoriza la asignación del 4.7 por ciento del presupuesto del gobierno del estado al Poder Judicial se aprobó desde el 2012, por la LI Legislatura, pero estuvo congelada por seis años. 

Aprueban auditorías especiales

Para justificar transparencia, los legisladores ordenaron a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que aplicará auditorías especiales al Congreso del estado y al Poder Ejecutivo, en las cuentas públicas 2012 y hasta el 2018.

Los legisladores de oposición se pronunciaron porque las auditorías no las realice la ESAF,  sino un órgano externo y que se conozcan de forma inmediata los resultados.