El abogado Francisco Javier Salgado Guzmán señala que el procedimiento permitirá esclarecer el proceso legislativo y la legalidad de los documentos que fundamentaron los decretos.

La vía administrativa, y no la penal, puede ser el camino jurídico para impugnar las “pensiones doradas” aprobadas por los diputados y conocer, como se sospecha, si hubo tráfico de influencias, corrupción y falsificación de documentos oficiales.

Para el maestro en Derecho Constitucional y Administrativo Francisco Javier Salgado Guzmán, remotamente podría prosperar una querella penal en contra de los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura por la aprobación de las pensiones a secretarios de despacho y familiares de altos funcionarios estatales, porque no se configura ningún delito y, en todo caso, los legisladores ejercieron sus facultades previstas en la ley al autorizar los decretos pensionarios.

Hace unos días, el Foro Morelense de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 29, de los 30 diputados, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública y lo que resulte.

Pero para el abogado Salgado Guzmán, la querella penal no es la vía para refutar los decretos pensionarios, sino el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual puede ser promovido por el nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal, para demandar bajo la figura del juicio de lesividad los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

También pueden explorar esta vía los próximos diputados, las organizaciones civiles y ciudadanos inconformes y hasta los próximos alcaldes y Cabildos, ante las cascadas de “jubilaciones doradas” que se avecinan en los ayuntamientos antes del cambio de las administraciones municipales.

Consideró que promover el juicio de nulidad contra los decretos pensionarios, permitiría no sólo conocer si el proceso legislativo para su aprobación se llevó adecuadamente, sino esclarecer si hubo o no actos de corrupción.

Señaló que a través del juicio se podría verificar si los funcionarios pensionados cumplieron con los años de trabajo, si cumplieron con los requisitos y la edad previstos en la ley, pero sobre todo determinar sobre si la documentación integrada a los expedientes es auténtica o apócrifa, si hubo hechos de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses.  

En el supuesto de comprobarse irregularidades, dijo, entonces sí se podría dar parte a la Fiscalía Estatal Anticorrupción y proceder en consecuencia para sancionar a quienes engañaron al Estado con documentación alterada o apócrifa, y a la cadena de funcionarios implicados.  

La aprobación de los decretos de jubilación de secretarios de despacho, esposas, familiares e incondicionales de altos funcionarios del gobierno saliente causaron indignación en diversos sectores de la sociedad.

Agrupaciones de abogados, profesionistas y ciudadanos organizados analizan los diversos caminos legales para impugnar los decretos, que han considerado no sólo inmorales, sino un daño patrimonial a las finanzas estatales.