Recientes acciones de los diputados locales acrecientan desconfianza ciudadana hacia las instituciones, considera la presidenta del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad  

La presidenta del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, Cristina Rumbo Bonfil, afirmó que la designación de un nuevo fiscal anticorrupción debe contar con legitimidad legal y moral, de lo contrario, crecerá la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Afirmó que la esencia original de la creación de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción era dar certeza a los ciudadanos de que habría quién vigilara y sancionara a quienes incurran en actos de corrupción.

Consideró que especialmente en el caso Morelos, han acontecido una serie de circunstancias que han sembrado la incertidumbre sobre cómo culminará la actual gestión del gobierno estatal y cómo iniciará la siguiente en el mes de octubre, pero -sobre todo- qué pasará con el Sistema Estatal Anticorrupción y el nombramiento del nuevo fiscal.

Y es que el 24 de agosto concluye el nombramiento de Juan Salazar Núñez, otrora Consejero Jurídico del gobierno de Morelos, como fiscal estatal anticorrupción, quien -a su vez- solicitará su jubilación y el acceso a los beneficios incluidos en las reformas exprés realizadas hace unas semanas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

En las reformas, los diputados concedieron una pensión vitalicia al 50% de su último salario al fiscal general, al fiscal antisecuestros y al fiscal anticorrupción, sin detrimento de su derecho adquirido de solicitar paralelamente otra pensión por sus años laborados al servicio del Estado.

Además, se otorgó al titular de la Fiscalía General del Estado la facultad de designar al nuevo fiscal estatal anticorrupción, cuando los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción establecieron que la responsabilidad es de los Congresos locales. 

“Desafortunadamente hemos visto una serie de casos, de momentos que ha tenido el actual Congreso estatal, los diputados, que han dejado cierta zozobra respeto al actual trabajo que se realiza e, incluso, sobre estas modificaciones exprés que se han estado haciendo, lo único que reiteran es esta falta de confianza de la ciudadanía.

“Y ojo, si hay algo que no empate con el Sistema Nacional Anticorrupción en el sistema local en Morelos, yo creo que tendrá que ser resaltado no solamente desde Morelos sino a nivel nacional, en algún momento habrá quien llame la atención porque tiene que estar homogenizado”, señaló.

Afirmó no puede calificar el trabajo del todavía fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez , pero las circunstancias políticas  en que se dio su designación y las que se han generado para nombrar a su sucesor  “está viciando el procedimiento, creo que estamos ante una figura que no está siendo legitimada por todas las situaciones políticas que hay a su alrededor, aun cuando pudo ser una buena designación, la forma que se ha hecho y este “fast track” en el cual se han tomado las decisiones y las ratificaciones, han impedido que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civiles no vemos como un figura confiable”.

Ante los cuestionamientos morales y legales en torno a la figura del fiscal anticorrupción, consideró que la próxima designación debe contar con la legitimidad en todos los aspectos, para dar certeza a los ciudadanos de que habrá alguien que de manera honesta y sin conflictos de interés vigilará las acciones de gobierno y actuará contra quienes incurran en actos indebidos.

También consideró que sería apresurada la designación de un nuevo fiscal en el ocaso de la actual legislatura y administración estatal, sobre la cual pesa de por sí una incertidumbre de cómo culminará y cómo iniciará la siguiente.