En cuanto el gobernador Graco Ramírez terminó su alegórico discurso, y luego recorrió los talleres de costura, empleados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) desmontaron las máquinas, guardaron las telas y les pidieron a las “mujeres empresarias” que no le dijeran a nadie que hasta esa fecha (27 de julio de 2017) ninguna había recibido el equipo prometido.

La idea era excelente e innovadora: que en lugar de que los grandes proveedores de uniformes se llevaran los 45 millones aprobados por el Congreso Local, éstos fueran dispersados entre las mujeres jefas de familia (madres solteras, viudas y divorciadas) que se encargarían de manufacturar los 190 mil uniformes gratuitos requeridos para las escuelas primarias.

“Y después de esto vamos a ver que también hagan los uniformes de los trabajadores del gobierno estatal”, vaticinaba eufórico en aquella ocasión Graco Ramírez en su discurso, en el que anunció más dinero para el programa Empresas de la Mujer Morelense en el 2018, año en el que se celebrarían elecciones para gobernador.

A un año y cuatro meses de distancia, el fracaso del proyecto es evidente: los uniformes no cumplen con los estándares de calidad deseables; las tallas proporcionadas por los padres hace casi dos años ya están desfasadas; no se repartieron en el tiempo programado y las autoridades educativas desconocen si hay todavía prendas por repartir.

Por cuanto a las “Empresas de la Mujer Morelense”, son muy pocas las que se mantienen trabajando. El centro de producción que instaló la Sedeso debajo de sus instalaciones ya fue desmantelado; hay máquinas que nunca fueron entregadas y otras que están siendo ofrecidas en el mercado informal por mujeres que resultaron beneficiadas pero que ni siquiera saben manejarlas.

“Para mí no fue negocio. Me dijeron que iba a ser empresaria y terminé trabajando con un horario de 8 a 5 de lunes a viernes, por alrededor de mil pesos semanales”, refirió una de las participantes en el programa.

Para quienes sí fue negocio fue para los que se encargaron de administrar los 45 millones de pesos autorizados por el Congreso, ya que la compra de los equipos para coser se realizó sin licitación, lo mismo que las telas pre-cortadas utilizadas para hacer los uniformes. Todos esos gastos no fueron subidos a la Plataforma Nacional de Transparencia.

Y aunque se aseguró siempre que se trataba de un programa sin fines políticos ni electorales, se detectó que los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y afines durante la pasada legislatura, lo utilizaron para allegarse de posibles votantes. La frase “uniformes escolares gratuitos”, apareció durante toda la campaña del candidato perredista Rodrigo Gayosso. Mañosamente, la convocatoria para nuevos apoyos de Sedeso se abrió en abril de este año, y se estableció como fecha para la publicación de los proyectos ganadores el 27 de julio, como una forma de condicionar la entrega de los recursos al resultado de las elecciones del primero de julio, cuando –a pesar de todo- el PRD sufrió una aplastante derrota.

La carta firmada por Graco Ramírez, conteniendo la petición de “comunícale a papá y mamá mi agradecimiento por su confianza y diles que seguiremos trabajando en acciones como esta para apoyar a las familias, para contribuir a tu educación”, llegó a los hogares de los niños en octubre pasado en la misma bolsa que contenía el uniforme.

MAL, DESDE EL PRINCIPIO

Fue el 16 de noviembre del 2016, en una de las maratónicas sesiones de madrugada y a escondidas que acostumbraba realizar la LIII Legislatura, en la que se aprobó que “adicionalmente,  en el sector educativo, se incluye la cantidad de 45 millones de pesos, para uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación primaria, respecto de los cuales se autoriza al Gobernador, a través de la Secretaría, a emitir los lineamientos para el ejercicio de esta última partida, en tanto se expide la normativa correspondiente”, según dice el decreto.

Pero el Poder Ejecutivo devolvió la propuesta en virtud de que el Congreso no explicó cómo pretendía darles uniforme a todos los alumnos de escuelas primarias públicas, si el IEBEM reporta que hay 395 mil alumnos y el costo promedio de un uniforme es de 252 pesos. Es decir, que se necesitarían casi 60 millones de pesos para tal fin.

Para evitar discrepancias de números, los diputados decidieron que ya no se manejara una cifra determinada, sino que quedara asentado que “para dar cumplimiento al derecho a uniformes gratuitos para los estudiantes de educación básica del estado de Morelos, en el presupuesto estatal se incluirán los recursos necesarios”.

El 19 de abril del 2017 se publica la Ley de Uniformes Gratuitos en el que se establece que serán beneficiarios de esta ley los alumnos de escuelas públicas dentro del estado de Morelos, desde el nivel preescolar hasta secundaria, estableciéndose la obligatoriedad de licitar la adquisición de las prendas.

Sin embargo, a Graco Ramírez se le ocurrió juntar dos programas gubernamentales en un mismo proyecto: crear talleres de costura para mujeres jefas de familia, y darles el contrato para la elaboración de los uniformes.

El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido sección Morelos, Isaac Labra Rivera, fue el primero en advertir que ese proyecto era inviable. Si hacer 198 mil prendas era una empresa difícil aún para las grandes compañías maquiladoras, encargar este trabajo a personas con poca capacitación en talleres caseros era simplemente “una locura”, opinó.

Sólo como referencia, el gobierno del estado de Hidalgo licitó y otorgó los contratos para la elaboración de 173 mil uniformes a 19 empresas maquiladoras con un presupuesto de 74 millones de pesos.

¿Cómo facturarían las jefas de familia? ¿Cómo licitarían la compra de sus materias primas? ¿Cómo saber la talla de cada uno de los miles de alumnos y cómo garantizar que el uniforme llegara a su destino y a tiempo? ¿Cuáles serían los derechos laborales de las costureras? ¿Cómo organizar más de 100 talleres de seis personas cada uno dispersados en todo el territorio morelense?

Todos esos inconvenientes fueron advertidos por algunos funcionarios, pero nadie se atrevió a contradecir al mandatario estatal que ya anunciaba “con bombo y platillo” su idea como una innovación más a nivel nacional, pues en la Ciudad de México ya existe un programa similar, pero allá los padres de familia reciben un vale que pueden canjear en cualquier establecimiento que expenda uniformes escolares.

El primer paso fue reformar la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos publicada en abril del 2017. Fue el 16 de julio de ese mismo año cuando se publicó el decreto 5513 mediante el cual ya no se establece la obligatoriedad de la licitación y se aclara que por ahora sólo se entregará un pantalón y una camisa o falda y blusa a cada niño o niña de nivel primaria.

“En caso de considerar la adquisición de los Uniformes para el presente ejercicio fiscal, mediante compra directa a las personas físicas o morales que se encuentren desarrollando su actividad en el marco de los programas establecidos a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado, se establece como posibilidad que la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal otorgue una aportación extraordinaria a las personas físicas o morales que deban entregar los pedidos de las prendas de uniformes, con el objeto de apoyarlas en la adquisición de las materias primas o materiales necesarios para el debido cumplimiento del pedido, al tiempo de maximizar el impulso a los programas sociales desarrollados en beneficio de la sociedad morelense”, dice el decreto.

Para afinar detalles, el 23 de agosto se publica el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el ejercicio de los recursos correspondientes a la asignación presupuestal para uniformes escolares de diario para educación primera prevista en el decreto número mil 3771 por el que se aprueba el presupuesto de egreso del gobierno de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”, y lo firma únicamente el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna.

Pero lejos de ser un documento que esclarezca el uso de los recursos autorizados para los uniformes escolares, más bien se convierte en un instrumento legal para justificar el capricho del gobernante en turno.

El acuerdo mencionado nunca menciona de cuánto es el presupuesto autorizado para tal fin, ni tampoco la forma como se administrará. Sólo se concreta a señalar que para el caso de que se contrate a las personas que forman parte de un programa social, no se le exigirán los requisitos que legalmente deben cumplir los proveedores tradicionales.

“Asimismo, se podrá pactar la entrega de anticipos para la adquisición de materia prima por los proveedores en un porcentaje razonable, siempre que estos recursos se encuentren debidamente garantizados por el proveedor en términos de la normativa aplicable, lo cual deberá dejarse plenamente establecido en los actos jurídicos que sean celebrados al respecto”, menciona Michel Luna.

Como se puede observar, no dice a quién se le entregarán los anticipos (a la Sedeso o directamente a las mujeres empresarias) y tampoco señala cuál será el “acto jurídico” (contrato, convenio, etc.) específico en el que se asentarán las condiciones del mismo.

En el apartado de “la comprobación de los recursos”, el secretario de Hacienda le delega toda la responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social:

“La comprobación del gasto se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente, así como del producto recibido, conforme a los requisitos que establezca la Secretaría. Asimismo, la contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos justificantes y comprobatorios originales necesarios.

“Para el caso de que la adquisición se hubiere realizado a través del procedimiento a que se refiere el artículo 19 del presente instrumento (mujeres jefas de familia), la comprobación se hará a través de los documentos que determine la propia Secretaría”.

DIPUTADOS QUISIERON SACAR PROVECHO

Los diputados de la LIII Legislatura “sacaron raja” desde el principio, principalmente Beatriz Vícera Alatriste, Silvia Irra Marín y Julio Espín Navarrete.

Mujeres de la zona norte de Cuernavaca refieren que fue un colaborador de Betty Alatriste, al que conocían solamente con el nombre de Héctor, quien las organizó y les ayudó a llenar los formatos.

Las jefas de familia que radican en la zona conurbada señalan directamente a la diputada Silvia Irra Marín como quien les sugirió que buscaran más mujeres para entrar al programa que hasta ese momento sólo era para instalar talleres de costura en sus casas.

Incluso, señalan a su hermana Patricia Irra Marín como una de las beneficiarias del programa a pesar de que la Ley prohíbe la participación de funcionarios y familiares directos.

El 16 de marzo se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” la convocatoria dirigida a “todas las mujeres Jefas de Familia del estado de Morelos que sean mayores de edad y que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad, pertenezcan a una comunidad indígena, sean migrantes retornadas y/o con discapacidad”.

De acuerdo con la Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Familia, tiene ese carácter, “la mujer que, independientemente de su estado civil, tenga bajo su responsabilidad la manutención de sus hijos menores de edad, o que siendo mayores de edad sean incapaces o continúen estudiando hasta los 22 años sin el apoyo económico del cónyuge, concubino o progenitor de los mismos ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar”.

Primeramente se les ofrecía un curso de capacitación de 80 horas en el Instituto de Capacitación (Icatmor) sobre “Consultoría en Incubación”, asesoría fiscal y mercadotecnia, independientemente de las clases de Corte y Confección.

“Las integrantes de los grupos que hayan cumplido con al menos el 80% de las 80 horas de Capacitación para Talleres de Costura y de las 40 horas de la Consultoría en Incubación recibirán Equipamiento y herramientas necesarias para instalar el taller de costura (previa firma de un convenio de ejecución) ”, indicaba la convocatoria, y advertía que para la entrega del equipo y herramientas, todas las mujeres Jefas de Familia beneficiarias firmarían un segundo Convenio de Ejecución con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, con el que se formalizará la entrega del equipamiento y herramientas.

Los grupos debían ser de seis mujeres pero no era necesario que todas tuvieran conocimientos de corte y confección de prendas.

Eso hizo que las aspirantes metieran mujeres “de relleno”, sólo para cumplir con el requisito del número de integrantes.

A decir de las propias participantes, desde el principio se presentó el fenómeno de la deserción. “De los ocho equipos que debíamos presentarnos a la capacitación en el Icatmor de Alta Vista, sólo terminamos cinco, es decir, alrededor de 15 mujeres, tomando en cuenta que no íbamos las 6 integrantes, sino sólo tres por cada grupo”, relató una de las aspirantes a empresaria, quien admite que nunca recibió la promesa de dinero en efectivo, sino de todo lo necesario para instalar un taller de costura en su casa.

Adicionalmente, el 18 de febrero del 2017 se publicó otra convocatoria dirigida a las jefas de familia, pero ésta consistía en que si aprobaban su proyecto recibirían “capital semilla”, consistente en cantidades que iban desde los 45 mil hasta los 90 mil pesos, según el número de integrantes.

“Mi grupo es de seis personas, y nos dijeron que cuando saliera el proyecto nos darían una máquina de coser con valor de 15 mil pesos a cada una, es decir, que nuestro grupo tendría 90 mil pesos en máquinas. Nos llevaron al banco para hacer un cheque a nombre del proveedor por 64 mil pesos. Cuando les preguntamos que el resto del dinero que nos habían aprobado quién se lo queda, nos dijeron que nos darían la información después”, manifestó una de las beneficiarias que dijo haber sido “reclutada” por Silvia Irra Marín.

En la capacitación les enseñaron cómo instalar una empresa, cómo manejarla y cómo usar las máquinas de coser, pero las máquinas no llegaban.

EL CONTRATO DE SU VIDA

A mediados del 2017, cuando estaban por terminar su capacitación en incubación de empresas y uso de máquinas de coser, las “jefas de familia” recibieron una gran noticia: antes de tener formalizada su empresa e incluso sin contar aún talleres,  ya tenían su primer cliente.

No lo podían creer: el gobierno de Morelos había decidido que fueran ellas las proveedoras del Instituto de Educación Básica del Estado Morelos para hacer los uniformes gratuitos autorizados por el Congreso.

“Nos emocionamos mucho. Se creó una comisión de administración con la finalidad de buscar proveedores de telas, hilos, todo lo necesario. Vinieron representantes de empresas textiles de Puebla, del estado de México y hasta un colombiano. Nos sentíamos realmente empresarias”, narra otra de las beneficiarias que pidió el anonimato.

Durante la primera etapa quien se encargó del proyecto por parte de Sedeso fue Azucena Rebollo. A partir de que se informó que serían proveedoras de los uniformes escolares tomó su lugar Fátima Dayana López Castañeda, directora de gestión social y economía solidaria de Sedeso, brazo derecho de la titular, Blanca Almazo.

Pero entonces comenzaron a suceder cosas “extrañas”. Las mujeres de aspecto humilde comenzaron a ser sustituidas por señoras “que llegaban en carrazos y que dominaban totalmente los términos de la elaboración de prendas de vestir”.

Según el testimonio de las entrevistadas, el programa de apoyo a jefas de familia se convirtió en el negocio de unas cuantas mujeres -entre funcionarias y empresarias- que buscaban quedarse con el dinero que el gobierno estatal había entregado al IEBEM.

“Las empresarias metieron a sus trabajadoras como beneficiarias del programa, y eso no era tan malo, porque de no haber sido así, ¿cómo haríamos los 198 mil uniformes que nos estaban pidiendo entre 500 mujeres que medio sabíamos coser?”, comenta otra de las entrevistadas.

Fueron ellas, las mujeres con aspecto de empresarias (entre las que ubican a la hermana de la diputada Silvia Irra) las que decidieron que no podían hacer un trabajo de esta magnitud trabajando en grupos de seis cada quien en su comunidad.

Es así como surgen los “centros de producción” ubicados en Cuernavaca, Temixco, Jojutla y otros lugares en el interior del estado. Lo que hicieron fue juntar a los grupos de beneficiarias con sus respectivas máquinas en inmuebles grandes, y ponerlas a trabajar como si fueran sus empleadas.

Uno de estos centros de producción se instaló en la parte baja del edificio que ocupan las oficinas de la Sedeso. Ahí, las mujeres que aspiraban a ser empresarias terminaron siendo prácticamente obreras, con un horario de trabajo y una meta que debían cumplir.

“Al momento de darnos la maquinaria nos hicieron firmar un documento en el que nos comprometíamos a permanecer tres meses en un inmueble al que llamaban centro de costura, indicándonos que la Sedeso pagaría la luz y la renta, y que después de esos tres meses teníamos la opción de salirnos de ahí o permanecer”, relata una beneficiaria de Temixco.

“NOSOTRAS NO FUIMOS CULPABLES DE LA MALA CALIDAD”

Las mujeres entrevistadas por este medio de comunicación dijeron estar conscientes de que los uniformes no tienen la calidad deseada, pero aseguran que no fue su culpa.

Relatan que cuando les hicieron creer que serían empresarias proveedoras del IEBEM, ellas buscaron las mejores telas, hilos, botones y cierres de calidad, y ya tenían definida su lista de proveedores.

“Pero un buen día llegó una señora que dijo llamarse Yaneli Fontés Pérez, y nos dijo que el IEBEM ya tenía designado a su proveedor, nos gustará o no nos gustara. Y la verdad resultó pésimo”.

Explican las entrevistadas que en virtud de que no se tenía el equipo ni los conocimientos necesarios para hacer los uniformes desde su primera etapa, se determinó que se compraran las telas ya cortadas, de tal manera que las costureras sólo se dedicaran a coser y pegar cierres y botones.

“El proveedor del IEBEM prometió que sus telas vendrían cortadas con láser, y que nos proporcionaría un graduador de moldes para sacar tallas. Al final, las telas venían seccionadas con cortadoras manuales y las tallas cambiadas”.   

Y qué pasó con el centro de producción que estaba debajo de las oficinas de Sedeso?- preguntamos a una beneficiaria.
Un día llegó un señor que dijo ser el dueño del edificio y comenzó a regañar a todos. Parece que no sabía que ese lugar estaba siendo utilizado como taller de costura. Fátima nos dijo que debíamos desalojar el inmueble y seguir trabajando en nuestras casas. Pero cuando ocurrió eso ya casi terminábamos con los uniformes que nos habían encargado, luego vino el cambio de gobierno y ahora ya no sabemos nada.
En el caso de las mujeres que trabajaban en el centro de producción de Temixco, la situación es peor:

“Cumplido el plazo de los tres meses, quisimos salirnos del inmueble que rentaba la Sedeso y nos amenazaron con quitarnos las máquinas. Algunas compañeras ya no fueron a trabajar por miedo y sus máquinas se las quedaron las encargadas. Las que lograron llevarse sus máquinas están siendo hostigadas para que regresen a trabajar obviamente con sus máquinas. Las que nos quedamos nos hicieron firmar un contrato de permanencia por doce meses más. Se dice que Silvia Irra quiere hacer una gran maquiladora con nuestras máquinas y que ella se encargaría de buscar los clientes”.

OPACIDAD Y DESCONOCIMIENTO

En las páginas de transparencia de las dependencias mencionadas en el presente reportaje no hay dato alguno que permita conocer el destino final de los 45 millones de pesos autorizados por el Congreso para los uniformes escolares gratuitos. Hasta los boletines oficiales han sido borrados de sus respectivas páginas de internet.

Nadie sabe el nombre del proveedor que le vendió al IEBEM las telas pre-cortadas que las costureras se encargaron de terminar, mucho menos el monto de la adquisición.

Lo único seguro es que esa compra, al igual que las máquinas de coser, no fue licitada, sino que se adquirió por adjudicación directa, como la mayoría de transacciones del gobierno de Graco Ramírez.

Por su parte, los nuevos titulares tanto de la Sedeso como del IEBEM, Gilberto Alcalá Pineda y Eliacín Salgado de la Paz, respectivamente, desconocen el tema aunque prometieron indagar al respecto.