Les fueron suspendidas hace más de un año por el desfalco de la anterior legislatura.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pidieron a los diputados locales resolver los problemas legales con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGM) para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, a más de un año de que se las suspendieron por la deuda de 24 millones que generó la LIII Legislatura. 

Molestos porque los legisladores han retrasado la efectividad del convenio firmado con el ICTSGM para cubrir la deuda millonaria, con el que podrán realizar cualquier trámite, los sindicalizados sostuvieron que la LIII Legislatura retuvo sus aportaciones y causó el daño, pero la LIV Legislatura es responsable de resolver el problema.

"Ellos son los responsables como Congreso del estado porque independiente de la LIII Legislatura que hizo un mal manejo de los recursos, ahora ellos son los responsables del Congreso y que enfrenten la responsabilidad y que nos ayuden a sacar ese convenio ante el instituto porque no podemos realizar ningún trámite", afirmó Erick Alejandro Reyes Chávez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Sostuvo que la deuda con el Instituto de Crédito no es el único daño que les causaron como trabajadores, ya que la LIII Legislatura también les suspendió el pago de prestaciones laborales.

"Tenemos diversas prestaciones como pago de uniformes, tenemos apoyos de nuestras mismas cuotas que nos retuvieron y ellos se quedaron, becas para el pago de colegiaturas, que con becas a nuestros hijos (sic), tenemos primas de antigüedad y si sumamos todo los que nos deben, ascienden a más de 400 mil pesos", agregó Reyes Chávez.

Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, justificó el retraso en el convenio con el Instituto de Crédito, ya que se revisa que no se entorpezca la denuncia penal interpuesta en contra de los ex diputados por la retención de aportaciones de los trabajadores y otras irregularidades.