Buscaba la protección de la justicia contra la suspensión de derechos de sus agremiados decretado por el Instituto de Crédito.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, buscó ampararse en contra de actos del Instituto de Crédito, que suspendió sus derechos ante la deuda que heredó la LIII Legislatura por más de 16 millones de pesos. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito desechó el juicio por improcedente.
De acuerdo al juzgado federal, el líder sindical debió presentar su demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es competente "para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios", de acuerdo a la Ley del Servicio Civil del Estado.
En el juicio de amparo 1864/2018, promovido por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, buscaba protegerse contra actos de la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado, que suspendió el derecho de los empleados del Congreso local por la deuda de más de 16 millones de pesos que heredó la pasada legislatura.
El miércoles pasado, los trabajadores sindicalizados del Congreso local protestaron por segunda ocasión, para exigir a los diputados firmaran un convenio con el Instituto de Crédito para que puedan acceder a sus derechos, pues, a dos meses de que inició la LIV, no se ha resuelto ese problema.