La Fiscalía del estado demanda –por su parte- por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad.

El Poder Judicial del estado de Morelos planteó la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el Congreso de Morelos no dota a la administración de justicia de presupuesto suficiente con base en la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente. De igual forma, la Fiscalía General del Estado confió en recibir un aumento presupuestal significativo para que la institución mejore su operatividad.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que –al encontrarse entrampada la discusión y aprobación del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2019- se complica la situación financiera de este tribunal, debido a que no puede disponer de recursos para concretar proyectos de modernización ni resolver la situación de los trabajadores jubilados que están a la espera del pago de sus pensiones.

“Sí se complica porque no tenemos definido cuál será el presupuesto para nosotros poder establecer bien cuál va a ser la ruta que nosotros analizaremos, y por eso es que estamos analizando ya la cuestión jurídica, pero ya en breve esperando”, dijo.

Confió en que pronto el Poder Legislativo resuelva el tema del presupuesto y, una vez aprobada la Ley de Egresos, determinar si los recursos asignados al Poder Judicial son suficientes o si será necesario promover una controversia constitucional ante la SCJN para que se le asigne cuando menos el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Y es que en el mes de julio de 2018, después de seis años en la congeladora, finalmente la LIII Legislatura emitió la declaratoria para validar la reforma constitucional que permitiría programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019 y años subsecuentes.

En una postura prudente, Cuevas López afirmó que de acuerdo a lo que ha trascendido, este martes o en los próximos días los diputados tienen previsto discutir y aprobar el presupuesto de este año y, una vez que todo se defina, el Poder Judicial estará en condiciones de fijar una postura y, en su caso, iniciar las acciones jurídicas convenientes.

También, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, hizo un llamado a los diputados para que se apoye económicamente a las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia.

En el caso de la fiscalía, señaló que la institución debería recibir por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad y aumentar las percepciones de los trabajadores, quienes desde hace varios años no reciben incremento salarial.

“Mientras la institución no reciba el incremento presupuestal que tiene autorizado por el Congreso, no vamos a mejorar nuestro servicio de manera significativa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando, es lo que estamos insistiendo, instando a las autoridades, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, para que se tomen medidas ya en el tema del presupuesto y nos sea dotado para que podamos mejorar el trabajo de la institución, tanto de Ministerio Público, policía y, sobre todo, la parte de periciales”, dijo.

Reconoció el trabajo del personal de la fiscalía porque “trabajamos con lo que tenemos”, e insistió en que la FGE y el Poder Judicial ameritan un incremento presupuestal para el 2019 para cumplir con su misión de procurar y administrar justicia.

En el caso de la FGE, también la legislatura anterior reformó -en julio de 2018- la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía financiera y se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal.