Promueve una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El Poder Judicial del estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Congreso local para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carvajal, informó que este mismo miércoles la representación del Poder Judicial promovió el recurso de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera de la publicación del presupuesto de este año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Tras la aprobación de las leyes de ingresos y egresos 2019 en medio de la polémica y división entre los diputados, señaló que si bien el presupuesto será oficial hasta su publicación, de manera extraoficial se sabe que el monto asignado a la administración de justicia no es el que prevé la Constitución local. 

“No sabemos en qué términos se haya aprobado, los que sí sabemos es que no se asignó al TSJ el monto presupuestal que constitucionalmente le corresponde”, dijo, y recordó que -por mandato constitucional- al Poder Judicial le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Afirmó que al no respetar el Congreso dicho porcentaje, este mismo miércoles fue promovida ante la SCJN la controversia constitucional para que le sean asignados al Poder Judicial los recursos que le corresponden.

Precisó que este presupuesto servirá para sostener no sólo los gastos de operación, sino para continuar con la modernización de la administración de justicia e impulsar -por ejemplo- el centro de mediación, los juicios orales en materia familiar y mejorar las áreas penal y mercantil. 

Acotó que esta partida presupuestal del 4.7%, es independiente del tema de pensiones de los trabajadores jubilados, en cuyo rubro hay un pronunciamiento de la SCJN respecto a que deben asignarse partidas financieras específicas y, por lo tanto, los legisladores estarían obligados a etiquetar recursos exprofeso.