En un periodo extraordinario de sesiones también buscan destituir a Rosalina Mazari Espín como presidenta de la Comisión de Hacienda.

El grupo de los 15 legisladores en el Congreso del estado formalizó el proceso de remoción del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, a través de la Junta Política y de Gobierno, que solicitó un periodo extraordinario de sesiones para concretar dichos cambios en esta semana.
Siete de las 10 coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias en el Congreso local avalaron, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno la solicitud que "legisladores presentaron para proceder a la remoción del presidente de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Hacienda.
"La principal razón es que incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó la sesión del 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto 2019 y otras leyes. En lugar de permanecer en el recinto y presidir la sesión, se ausentaron sin causa justificada, desobedeciendo lo que ordenó el pleno", explicó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo con lo que señaló la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Junta Política dio un plazo de 24 horas (contados a partir de ayer) para que la Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria y se proceda a la remoción de su actual representación al diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y a la priista Rosalina Mazari.
Por otro lado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que defenderán la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron el martes pasado para el ejercicio fiscal 2019. 
Afirmó que aún y cuando el Poder Ejecutivo decida vetar el Paquete Económico mediante observaciones que realizará al mismo, el Poder Legislativo se mantendrá en su postura y no hará ningún cambio.
La petista defendió y justificó la asignación que hizo a la fundación "Unidos Vamos por Morelos" –que ella controla- por 10 millones de pesos, al señalar que es necesario se destinen recursos para educación inicial. 
Pese a que admitió que presidió la organización en el 2012, rechazó que haya un conflicto de interés.