Análisis del Ejecutivo señala que los municipios que representa el diputado José Casas fueron favorecidos, mientras que Jojutla -en reconstrucción por el sismo- fue excluido.

Asignaron menos recursos de los necesarios para cubrir la deuda pública heredada.

El 24, a más tardar, el gobernador emitirá su postura sobre el documento; insiste en que quizá se use el presupuesto del 2018.

Legisladores locales del denominado “G15” aprobaron una propuesta de paquete económico que rebasa competencias legales, sin criterios técnicos y con intereses de tipo personal. El análisis del documento continúa, pero funcionarios estatales advirtieron que, de mantener ese proyecto, se perderían recursos federales y se violentaría la ley, con consecuencias negativas como el agravar la deuda pública.

Diputados del grupo que se negó a aprobar el paquete económico propuesto por el Ejecutivo, hicieron peticiones fuera de la norma, como el asignar 30 millones de pesos de obra pública para cada legislador.

En conferencia de prensa, los secretarios de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, de Obras Públicas Fidel Giménez Valdés, de Desarrollo Agropecuario Guillermo Ruvalcaba López y el Consejero Jurídico Samuel Sotelo Salgado, llamaron a los miembros de la legislatura a reconsiderar su posición, al advertir que en declaraciones recientes, han expresado que no piensan tomar en cuenta las observaciones que podría hacer el gobernador sobre el proyecto.

Explicaron que la revisión del paquete que la Cámara de Diputados entregó al Ejecutivo no ha concluido y por ello no se ha decidido el camino legal a seguir, pues tienen hasta el día 24 para responder. Reiteraron que en el último de los casos, podrían continuar con el presupuesto del 2018 como lo señala la ley, que sí permite al gobernador hacer transferencias.

Por ahora, apuntaron que en el multicitado documento encontraron varios rubros que indican que fue hecho con intereses personales, políticos, sin tomar en cuenta criterios técnicos ni jurídicos que implican riesgos como el violentar la ley, el de perder fondos federales y generar conflictos legales, financieros y sociales, así como la parálisis en dos tribunales.

El secretario de hacienda destacó que en ese plan se destina un monto menor al propuesto para el pago de la deuda pública. Recordó que esta gestión heredó adeudos por 10 mil millones de pesos y el no cumplir con el manejo adecuado haría que ese pasivo se agrave.

Villarreal Gasca dejó ver que algunos diputados solicitaban recursos para beneficio de los propios legisladores, pero no quiso declarar explícitamente si hubo condicionamiento o “moches”: “ustedes saquen sus propias deducciones”, respondió.

Expresó que hubo solicitudes que no podían ser aceptadas referentes básicamente a cuatro puntos: el primero es que buscaron que el Ejecutivo no pudiera hacer transferencias de recursos sin autorización del Congreso, lo cual está fuera del marco legal y no existe precedente en el país e incluso más allá de las fronteras.

El segundo punto era el asunto de prohibir la venta de bienes del ejecutivo estatal sin autorización del Poder Legislativo, pero eso ya está considerado en la legislación; el tercer asunto que pidieron incluir, era el de la basura: “un tema complicado que lo hacen político sin tener que hacerlo porque es grave, es creciente, es un tema que genera un gasto muy fuerte, no sólo para el ejecutivo estatal sino para las administraciones municipales y cada vez que se toca ese tema se ve con signo de pesos y no podemos estar así…”.

El cuarto punto que enumeró el secretario fue el del reemplacamiento, pero reiteró que la legislación establece que se debe llevar a cabo cada tres años, y la decisión de realizarlo está relacionado con la seguridad nacional, es decir que no está vinculado sólo con la estrategia local sino también con la federal.

Alejandro Villarreal Gasca, secretario de Hacienda, indicó entre las inconsistencias, los legisladores incluyeron decisiones en cuanto al capítulo 1000, el cual implica restricciones legales como el no poder hacer modificaciones, lo que generaría conflictos legales.

Además, en el Poder Judicial no se consideraron recursos para dos tribunales, lo que provocaría la parálisis en esas dos instancias.

Ratificó que se autoaprobaron 10 millones de pesos asignados a una fundación (de la cual la diputada Tania Valentina Rodríguez es integrante) y no se específica para qué o por qué.

El funcionario estatal criticó que sí se haya incrementado el monto asignado al Legislativo, con el pretexto de que existen varios adeudos contraídos por la Legislatura pasada, pero no han hecho un solo acto para que se sancionen esas probables irregularidades o ilícitos.

Villarreal Gasca señaló que además, han manejado información falsa con los presidentes municipales, e incurrieron en faltas a la norma. A decir del funcionario, la Ley de Coordinación Fiscal indica que se debe destinar a los municipios el 20 por ciento de las participaciones, de tal manera que no se trata de una facultad de los diputados, sino que es de orden legal.

En ese sentido reiteró el llamado a la población a mantener la calma, porque el Poder Ejecutivo seguirá operando y se han analizando alternativas jurídicas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, anotó que los legisladores asignaron recursos a determinados municipios sin tomar en cuenta equidad o aspectos específicos, como población y proyectos, entre otros. Y en contraste dejaron varios municipios “con cero pesos” en el supuesto fondo de infraestructura municipal. Apuntó que se dejó fuera a Jojutla, no obstante las necesidades que tiene por la afectación derivada del sismo del 2017. Apuntó que se beneficia en gran medida a los municipios que forman parte del distrito del legislador José Casas González.

El secretario de obras públicas Fidel Giménez Valdés Román explicó que hay esquemas de financiamiento que implican aportación estatal que no fue considerada y por lo tanto se perderán fondos federales; añadió que hay proyectos importantes de obras como la central de autobuses, el Aeropuerto Mariano Matamoros y el libramiento norponiente, a los que el Congreso asignó cero pesos.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado dijo que continúa la revisión de ese documento que contiene muchas inconsistencias jurídicas y técnicas.

Agregó que ven con preocupación que algunos diputados han expresado que no tomarían en cuenta las observaciones que en su momento haría el Poder Ejecutivo; también adelantó que si no hay apertura, hay otros caminos legales; “la última palabra no está dicha”.