Organizaciones campesinas aducen que no hay condiciones para que ésta se realice.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó a la población a participar de la consulta pública que se llevará a cabo este fin de semana para definir el futuro de la termoeléctrica. Legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también respaldaron la determinación del gobierno federal de llevar a cabo dicho ejercicio democrático. 
Mientras organizaciones sociales solicitaron al gobierno federal posponer la consulta pública que se llevará a cabo en Morelos, Puebla y Tlaxcala, tras el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, opositor de la termoeléctrica,
Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, sostuvo que es necesario dar legitimidad a dicho proceso. 
“Esperemos que no se politice y que la gente pueda participar, sé que el asesinato del líder social puede afectar en la participación; ojalá que la madurez y la civilidad imperen y se respete el voto”, manifestó. 
El empresario refirió que la población no tiene nada que temer, pues el gobierno federal y estatal están obligados a garantizar la seguridad, en los lugares donde se instalarán las casillas para que la sociedad se pueda pronunciar sobre el proyecto antes citado. 
Por su lado, la coordinadora de Morena Keila Figueroa Evaristo dijo que es necesario que se garantice estabilidad social y suspender la consulta sólo causaría temor en la población. 
La legisladora manifestó su respaldo a la determinación del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y consideró que la ciudadanía debe opinar sobre la termoeléctrica. 
Sin embargo, la líder de la bancada de Morena sostuvo que la Fiscalía General del Estado debe dar resultados inmediatos en la investigación sobre el asesinato de Samir Flores. 

Organizaciones del campo, en contra

En tanto, organizaciones campesinas se pronunciaron por cancelar la consulta sobre el proyecto de Huexca convocada por el gobierno federal, al sostener que no existen condiciones, luego del asesinato del activista Samir Flores Soberanes.

La Central Campesina Cardenista (CCM) Morelos expuso que están de acuerdo en que los pueblos indígenas sean tomados en cuenta para la realización de este tipo de desarrollos, pero llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar este caso, debido al clima social que prevalece en la región.

El líder de dicha agrupación, Humberto Sandoval Zamora, se deslindó del homicidio de Samir Flores, luego de que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos lo señaló en un manifiesto por supuestas diferencias con Flores Soberanes. “Nosotros no tenemos ninguna diferencia en este caso con los habitantes del pueblo donde vivo. Ahí he vivido yo, mis hijos, mi familia… si alguien lo percibe de esa manera, pues es una percepción de tipo personal. Lo que ha pasado es lo que todo el mundo sabe, el clima de inseguridad en todo el estado que ya hemos manifestado y lo ratifico”.

Aseveró que en carne propia ha sufrido esa situación. “Yo, en el 2013, fui baleado en mi domicilio. Dimos cuenta a la Fiscalía y no pasó nada. Recientemente fui alertado por la Fiscalía sobre un secuestro a mi persona y la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Hay un ambiente de preocupación y lo que pedimos es que nos proporcione seguridad a todos… Aquí estamos dando la cara. Yo me deslindo de toda acusación. No tenemos nada que ver con ese tipo de delitos”.

El dirigente expresó que la CCM jamás se ha manifestado abiertamente en apoyo a la termoeléctrica, y a nivel nacional demanda que el homicidio de Samir Flores debe ser esclarecido a fondo y se dé una respuesta clara.

Para Sandoval Zamora se debe cancelar la consulta programada para este fin de semana, y el asunto se debería resolver mediante mesas de trabajo.

Por su parte, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) se sumaron a la petición para que se cancele la consulta y se respeten los derechos de los pueblos.

El vocero Jesús Gutiérrez Valencia condenó el asesinato de Samir Flores, el cual –aseguran- está vinculado al conflicto social por dicho proyecto, que fue impuesto por pasadas administraciones y que se pretende continuar en el gobierno actual.

“Sin información a los 82 pueblos indígenas involucrados, violentando tratados internacionales y a los derechos de los pueblos” se intenta simular un ejercicio de consulta a las comunidades, advirtió, al desconocer -desde ahora- los resultados de dicho ejercicio.