La SCJN ordena publicar las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de diez días hábiles al Poder Ejecutivo para publicar las reformas legales realizadas hace más de tres años por el Congreso local en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.
De acuerdo con lo publicado en los estrados electrónicos del Alto Tribunal, debe concluir el ciclo legislativo de tales reformas, luego de que en octubre de 2018 la Primera Sala de la SCJN declaró infundada la controversia constitucional 14/2016, promovida por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las modificaciones a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.
“Se requiere al Poder Ejecutivo de Morelos, por conducto de quien legalmente lo representa, para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la sentencia, cumpla con el fallo constitucional dictado en este asunto, y una vez hecho lo anterior, deberá remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe y las constancias necesarias que acrediten su dicho, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa”, estableció la SCJN.
En diciembre de 2015, la Comisión de Equidad de Género del Congreso rechazó las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.
El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.
El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y promovió ante la SCJN la controversia constitucional, cuya sentencia le fue adversa y se ordenó la publicación de la reformas sin incluir el tema de la despenalización del aborto.