Dice que criticarlo a él es criticar a todos los trabajadores de la FGE; ante diputados, asegura que no renunciará; atribuye a la insuficiencia presupuestal la falta de resultados en la institución.

Ante los diputados locales que pretenden su remoción, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, se deslindó del exgobernador Graco Ramírez, quien lo impulsó en el cargo, el 15 de febrero de 2018.
"De una vez en este foro constitucional les digo, tanto a la sociedad, a mi personal y al Congreso: no soy de Graco, yo no soy de Cuauhtémoc, yo soy el titular de un órgano constitucional, autónomo. A mí lo que me rinde es la ley, tengo que decirlo. Me deslindo de manera expresa y categórica de cualquier relación, influencia sobre mi persona, del exgobernador Graco Ramírez", manifestó el fiscal ante el Pleno del Congreso del estado, donde rindió su informe semestral.  
Muy seguro de sí y acompañado por decenas de trabajadores de la FGE que irrumpieron en el edificio legislativo para acompañarlo y aplaudirle, Carmona Gándara sostuvo que no dejará el cargo, pese a las críticas de los legisladores y de diversos grupos de la sociedad civil. 
El funcionario estatal respondió a quienes le cuestionan por la falta de resultados, que se trata de "insuficiencia" y no "deficiencia"; y es a causa de la falta de recursos financieros que existe un rezago en la FGE. 
Sin embargo, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz señaló que el Congreso asignó 734 millones de pesos como presupuesto a la FGE para este año, por lo que no hay pretexto para los bajos salarios de los trabajadores y la falta de resultados.  
La diputada priista Rosalina Mazari Espín cuestionó a Carmona Gándara si ya cumplió con la aplicación de los exámenes de control de confianza, a tres meses de que el Congreso del estado -y a petición del Poder Ejecutivo- inició su proceso de remoción, a lo que el funcionario respondió: "Afirmativo 10-4; sí, ya cumplí", y dijo que el resultado fue óptimo. 
De igual modo, el fiscal aseguró que todos los trabajadores han cumplido con dichos exámenes. 
En cuanto a las cifras de personas desaparecidas, el fiscal detalló que de enero a diciembre del año pasado, se recibieron 282 denuncias sobre desapariciones de mujeres menores de 18 años, de las cuales fueron localizadas 246, una de ellas sin vida.
En el mismo periodo, y respecto a desapariciones de hombres, fueron recibidas 101 denuncias; se localizó a 80 y 20 continúan desaparecidos, además de que una persona fue encontrada sin vida.
Indicó que de enero a marzo de este año, se recibieron 67 denuncias, y en ese periodo la Policía de Investigación Criminal (PIC) ha localizado a 45 mujeres, además de que 22 no localizadas son menores de 18 años; en cuanto a hombres, se tienen 40 denuncias por desapariciones, 25 localizados, 14 no localizados y un joven muerto.
Señaló, además, que "es incuestionable" que la actividad delincuencial va en aumento, y afirmó que es un reflejo de que las autoridades no han acordado con criminales, lo que es positivo.
El fiscal general del estado afirmó que las críticas al desempeño de la institución son de carácter político, y sostuvo que su trabajo no es deficiente, sino insuficiente, porque él y su personal están desprovistos de presupuesto para mejorar la atención a los justiciables.

Previo a su comparecencia ante el Pleno de Congreso local, y apoyado por un grupo de trabajadores de la FGE que acudió a “echar porras al jefe” (se escuchó decir a algunos empleados de la fiscalía), afirmó que desestimar el desempeño del fiscal es equivalente a no valorar el trabajo que realiza todo el personal que hace su labor de la mejor manera posible con pocos recursos.

“Yo niego que sea deficiente. Yo creo que es insuficiente. No nada más es un calificativo para el fiscal general, sino para todo el personal de la fiscalía. Es un trabajo insuficiente porque no tenemos las condiciones presupuestarias suficientes para mejorar nuestro servicio; entonces, calificar a una persona cuando somos mil 500 empleados los que hacemos el trabajo, pues es inexacto. Yo respeto la opinión, pero lo niego, mi trabajo no es ineficiente, es insuficiente, y no porque no haya incapacidad para hacerlo”, sostuvo.

Dijo respetar las opiniones adversas, como la de la diputada Rosalina Mazari Espín, de quien en la década de los noventa fue su jefe cuando ella fungió como agente del Ministerio Público, y conoce las dificultades que se enfrentan dentro de la institución.

“Yo, más bien, creo que sus opiniones obedecen a un tema de carácter político, pero la Fiscalía General del Estado no es un actor político y no nos vamos a enganchar en esos temas”, afirmó.

Insistió en que se mantendrá en el cargo y consideró inusual que a pesar de que la institución es autónoma, haya personas que aspiren a sustituirlo, “pero hoy hay mecanismos legales y constitucionales a las que todos deben ceñirse”.

Sobre el tema del ataque al Bar Bull, ocurrido el 28 de febrero, y que cobró la vida de una joven y tuvo un saldo de 10 heridos, Carmona Gándara señaló que ya fueron solicitadas a un juez de control ocho órdenes de aprehensión.

En el caso del homicidio del activista y opositor al proyecto de la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, el fiscal informó que también ya está en proceso de solicitar las órdenes de aprehensión, pero consideró necesario guardar sigilo sobre el avance de las investigaciones. 

Al finalizar la comparecencia, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, víctima del delito, protestó en contra de los legisladores, pues criticó que no le hayan cuestionado al fiscal sobre el caso Tetelcingo y las irregularidades en la inhumación de cadáveres en la fosa de ese lugar.