Política
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Constructores se rebelan contra medidas de AMLO

TXT Tlaulli Rocío Preciado / Ana Lilia Mata
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Anuncian que se ampararán contra la desaparición del instituto encargado de construir y remodelar escuelas; los empresarios del ramo en Morelos, entre los más afectados, aseguran.

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) advirtieron que promoverán amparos en caso de que se concrete la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed).

El presidente de la organización, Eduardo Ramírez Leal, llamó al gobierno federal a confiar en la experiencia de los constructores y garantizar la calidad y transparencia en la aplicación de los recursos para la edificación y mantenimiento de escuelas.

Cuernavaca es sede de la Reunión Regional Centro País de la CMIC. El líder nacional dio a conocer -en conferencia de prensa, en esta ciudad- que los empresarios del ramo están preocupados por la posible extinción del Inifed, pues este organismo construye, amplía y mantiene escuelas, desde preescolar hasta universidades, con fondos federales.

“Lo que nos han dicho los más de dos mil 500 constructores que se han especializado en este ramo de escuelas, es que es de alguna forma se están viendo afectados, porque esos recursos que antes se aplicaban a través del Inifed y, ahora, lo van a ejercer directamente los maestros y los padres de familia”, explicó el presidente nacional.

Expuso que mediante el instituto, las empresas podían participar mediante licitaciones y competían a través de su capacidad técnica.

Ahora se perderá la total formalidad, porque no se sabe si los recursos se aplicarán adecuadamente, y si esas obras gozarán de la calidad y tecnología más reciente para seguridad de los alumnos. La importancia de este aspecto técnico se ha demostrado en los recientes sismos, apuntó. 

Hizo notar que –incluso- los padres de familia se han manifestado en contra de esta decisión –que no ha sido oficializada- pero que se comienza a llevar a la práctica.

Los constructores han dicho que es inconstitucional porque los recursos no se aplican como lo marca el Artículo 134 de la Carta Magna, con eficiencia, eficacia y transparencia. “Sentimos que el presidente de la república quiere ayudar con honradez a las comunidades donde hace falta empleo y (hay) pobreza, pero eso mismo lo pueden generar las microempresas, que puedan ayudar a darle trabajo a la gente en esas colonias o municipios para sacar adelante el problema social, pero sin poner en riesgo a los niños y jóvenes y sin perder empleos que ya generan las constructoras”.

El líder de la CMIC comentó que no se ha anunciado la desaparición del Inifed, pero tampoco tiene presupuesto asignado. Lo que se busca es que los fondos se sometan a la competencia pública, y consideró incorrecto que al final los recursos públicos terminen en manos de la informalidad.

En la conferencia, el dirigente empresarial expuso que -de igual manera- se ha hecho el llamado a todas las instituciones federales, comenzando por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se tome en cuenta a las empresas expertas en la materia.

Refirió como ejemplo que las adecuaciones al aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía se harán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y no se oponen, pero consideró que hay muchas obras en las que se requiere de las nuevas tecnologías y de la capacidad y experiencia de los empresarios.

Además, expuso que hay asuntos relevantes que se han planteado al gobierno, como el de la seguridad, pues en este sector hay pérdidas importantes por ese fenómeno en varias regiones del territorio nacional. Dijo que en términos generales hay afectación, al exponer que tan solo el costo de las pólizas de seguro en traslado de materiales se ha incrementado entre un dos y un cinco por ciento por los asaltos y robos.

La CMIC reveló que sólo el 12 por ciento del gasto programado para obra pública por el gobierno federal se ha invertido, lo que ha significado un decrecimiento en la economía y una reducción de 100 mil empleos. 
Eduardo Ramírez Leal dijo que existe preocupación por la falta de desarrollo de infraestructura social en el país, sobre todo por la medida que tomó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, lo que impacta a dos mil 500 constructoras que se dedicaban a la edificación o rehabilitación de escuelas. 
Refirió que empresarios de la CMIC pretenden ampararse, pues significará una mayor tasa de desempleo.

Tan sólo en Morelos radica el 25 por ciento de las dos mil 500 empresas que se dedicaban al desarrollo de infraestructura educativa. 
"Se sienten agraviados, sienten que no van a tener oportunidad de participar. Lo que queremos es que el gobierno reconsidere a la participación de las empresas, lo único que queremos es formalidad en la aplicación de los recursos", dijo Ramírez Leal.
Es que el objetivo del gobierno federal al desaparecer el Inifed es entregar los recursos financieros a los padres de familia, para que estos consideren su mejor aplicación en el mejoramiento de los planteles educativos.

Sin embargo, el presidente de la CMIC consideró que los padres no tienen la capacidad para el desarrollo de la infraestructura y la medida sólo propiciaría empleos informales.

CMIC vigilará rehabilitación de fallas en Paso Exprés

Por otra parte, Miguel Ángel Rojas Esquivel, presidente de la CMIC en Morelos, señaló nueve puntos de riesgo en el Paso Exprés que deben estar en constante observación para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan por esa vía de comunicación. 
En entrevista, dijo que se trata de las zonas donde se ubican las llamadas bajadas de barranca y otras fallas cuyas observaciones ya fueron entregadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para su corrección a lo largo de los 14.5 kilómetros del Paso Exprés. 
Por ello, informó que vigilarán que la SCT y Caminos y Puentes Federales (Capufe) cumplan con la rehabilitación del Paso Exprés que han anunciado, ante las constantes observaciones realizadas por el gobierno del estado y representantes de la sociedad. 

 

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