Resultados negativos del uso de recursos públicos fueron archivados y ya no pueden usarse para fincar responsabilidades.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado detectó más de 50 informes de resultados de cuentas públicas municipales y estatales emitidos por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y que fueron archivados, en algunos casos desde hace 17 años, a pesar que eran elementos probatorios de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta del órgano legislativo, informó que en los próximos días se darán a conocer dichos informes, que fueron ocultados por los ex legisladores sin ninguna justificación legal, y que más bien se trata de una prueba de omisión y responsabilidad legal.
De acuerdo con la legisladora, todos estos informes ya fenecieron y, por tal, no serían elemento para deslindar responsabilidades por el presunto mal uso de los recursos públicos, ya que se trata de cuentas públicas del 2002, 2003 y algunas más recientes del 2012.
Incluso, reveló que algunos informes desaparecieron, como es el caso de una cuenta pública correspondiente al gobierno de Rogelio Sánchez Gatica en Cuernavaca.
"Viene heredado de la legislatura anterior y qué lamentablemente, aunque hagamos estas observaciones ya no tendría ningún efecto de carácter legal. Son cuentas públicas de mucho rezago y no sabemos por qué. Queremos dejar de manifiesto que hubo algunas irregularidades que se pudieron cometer", añadió Mazari Espín.
La diputada señaló que tales informes se encontraron debido a una revisión que se inició al trabajo de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), y al cual se le hicieron observaciones, pues se omitieron irregularidades que pudieron ser causa de un delito.
"En algunos municipios encontramos impacto presupuestal, que no hubo claridad en el ejercicio de los recursos para lo que ellos comentaron que se utilizó", añadió.
Sin embargo, insistió en que la mayoría de dichos informes ya caducó y sólo se aprobarán en el Pleno y se enviarán al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial" Tierra y Libertad " para cumplir con lo que marca la ley.
