El proyecto de la Suprema Corte propone invalidar decreto que aumentó a veinte años el periodo de los actuales magistrados de Morelos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaría las reformas por las que la anterior legislatura amplió de 14 a 20 años el periodo de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, aumentó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso y eliminó la ratificación.

Luis María Aguilar, como ministro ponente de acción de inconstitucionalidad 20/2017, propuso al Pleno la invalidez del decreto 1613, publicado el 24 de febrero de 2017, en lo relativo a la derogación del párrafo segundo de la fracción XXXVII del artículo 40; reforma al artículo 89, párrafos segundo, quinto, sexto, décimo y la derogación de los párrafos tercero, octavo y noveno; así como reforma al artículo 109 bis, párrafos sexto, octavo y derogación del párrafo séptimo, y reforma al artículo 109 ter, párrafos tercero, quinto y derogación del párrafo cuarto, todos de la Constitución política local, así como del artículo tercero transitorio del decreto.

La invalidez o el sobreseimiento de la disposición que amplió el periodo de 14 a 20 años de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos fueron las propuestas discutidas este jueves en el Pleno de la SCJN, en virtud de que el pasado 10 de septiembre fue promulgado el decreto por el que el Congreso expidió el acuerdo que revirtió la extensión de los periodos.

Algunos ministros, como Eduardo Medina Mora y Mario Pardo Rebolledo, consideraron procedente sobreseer las disposiciones respecto a la ampliación de los nombramientos de los magistrados, en virtud de que han cesado sus efectos por la vigencia del nuevo decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 10 de septiembre, aunque –advirtió Medina Mora- “puede que haya problemas respecto de esos nombramientos, pero, en todo caso esos habría que ver si los afectados lo combaten en amparo”.

En contraste, el ministro presidente, Arturo Zaldívar expresó su disenso, porque consideró que, pese al nuevo acto legislativo, permanece vigente el artículo tercero transitorio del decreto de reforma del decreto 1613, porque no fue derogado, y “adelanto que no estoy a favor del sobreseimiento del tercero transitorio, me parece que claramente sigue surtiendo sus efectos y que un acto concreto, decreto que lo deja sin efectos, con una, pues, muy poco disimulada intención de lograr precisamente que no se analice la constitucionalidad de esta reforma, no puede llevarnos precisamente a ese sobreseimiento”.

El lunes continuará el análisis del proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad, al cual el ministro ponente incluirá algunas observaciones de sus homólogos.

En el proyecto de esta acción de inconstitucionalidad también se propone invalidar el aumento de 65 a 70 años de la edad de retiro forzoso y la eliminación de la ratificación. En caso de invalidarse, tendría un impacto inmediato en la estructura del Poder Judicial.

Por ejemplo, en caso que el periodo de los magistrados se reduzca nuevamente a 14 años, quedaría inmediatamente vacante la magistratura de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carmen Cuevas López, y en mayo quedarían vacantes las magistraturas que actualmente ocupan Roció Bahena y Miguel Ángel Falcón, quienes han promovido sendos juicios de amparo.

De igual forma, concluiría el periodo de los magistrados Jorge Estrada Cuevas y Martín Jasso Díaz, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).  Por edad, tendrían que retirarse del cargo los magistrados del TSJ, Valentín González García y Ángel Garduño.

En caso de regresar la ratificación al culminar su primer periodo de seis años, tendrían que ser sujetos a evaluación los magistrados del TSJ, Manuel Díaz Carbajal, Bertha Leticia Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Elda Flores León, para aspirar a un segundo y último periodo de ocho años.

La acción de inconstitucionalidad que estudia la SCJN fue promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) a petición de organizaciones civiles y particularmente de organizaciones de abogados, por calificar la reforma realizada por la LIII Legislatura al Poder Judicial como “indebida, inmoral e ilegal” porque no sólo no garantizaría una administración de justicia imparcial e independiente, sino que arbitrariamente eternizaría las magistraturas sin evaluar el desempeño de quienes las ocupan y sin escrutinio público.

DIFERIDA AUDIENCIA DE CUEVAS LÓPEZ

El Juzgado Octavo de Distrito difirió la audiencia incidental en que se pretendía resolver si mantenía o no de manera definitiva la polémica suspensión concedida a la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, por la cual permanece en el cargo, pese a que los magistrados del bloque disidente insisten en que la medida cautelar no surte ese efectos porque su cese fue consumado con la vigencia del nuevo decreto legislativo del 10 de septiembre.

Hasta ayer se desconocían las razones del diferimiento y la nueva fecha para su realización, sin embargo, todos los magistrados y los representantes de los tres Poderes del estado están a la expectativa de lo que resuelva la SCJN, por el posible impacto a la estructura judicial.