Publicado en Política Martes, 15 Octubre 2019 05:11

Imputan a exfuncionaria por “pensión dorada”

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) señaló los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, exdirectora de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del gobierno estatal y esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López.

Ante un juez de control, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) imputó los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal a Anahí Bahena López, por la supuesta obtención ilegal de una “pensión dorada”.

De acuerdo con la fiscalía, se presentaron 33 datos de prueba en contra de la ex Directora General de Asuntos Administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos y esposa del ex secretario de Gobierno, Ángel Colín López, durante los últimos meses de la administración del otrora gobernador, Graco Ramírez.

Las investigaciones realizadas por la FECC establecieron que la ex funcionaria no reunía los requisitos para obtener una pensión mensual equivalente al 60 por ciento de su último sueldo, que fue de 44 mil 994 pesos.

El juez otorgó a la defensa 144 horas para realizar la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, tras la presentación de los datos de prueba, la argumentación del Ministerio Público y el debate con la defensa, así como el análisis del juzgador, se determinará la situación jurídica de la imputada.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López al 60 por ciento de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

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Maciel Calvo

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