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Apremia pago a jubilados


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Poderes del Estado podrían incurrir en desacato judicial si no asignan 26 millones de pesos para el pago de pensiones a trabajadores jubilados del Poder Judicial que desde el 2015 obtuvieron su retiro.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrían incurrir en desacato judicial si no asignan 26 millones de pesos para el pago de pensiones a trabajadores jubilados, que desde el 2015 obtuvieron su retiro. Tal incumplimiento podría causar sanciones administrativas y hasta la destitución del gobernador del estado y los representantes de dichos órganos del estado.

Este martes, el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, compareció ante las integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local y expuso la necesidad de reasignar recursos financieros del presupuesto de este año para cumplir con una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ante las diputadas, el funcionario estatal advirtió de las consecuencias administrativas en que pudieran incurrir por no asignar los 26 millones de pesos a favor de trabajadores jubilados del Poder Judicial.

"Podría llegar a la destitución y sanciones para mandos medios y superiores. Habría que ver las consecuencias que corresponden", dijo el secretario.

Sostuvo que se trata de una responsabilidad de los tres Poderes del Estado, ya que la SCJN resolvió más de 100 juicios promovidos por los  trabajadores a quienes se les ha negado el pago de su pensión desde hace más de cuatro años.

Villarreal Gasca expuso su propuesta para reasignar recursos de rubros como cultura y desarrollo económico y social que no afecten la operatividad del gobierno estatal y garanticen una solución al problema judicial.

Sin embargo, un grupo de diputadas que integran el Frente Democrático de Mujeres manifestó su negativa a que se redireccionaran recursos de los rubros antes mencionados.

Las legisladoras, incluso, obligaron a que la reunión de la Comisión de Hacienda concluyera de manera abrupta, pues insistieron en que se tomen recursos de otras áreas, como fue el caso de Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (Panal).

 

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Ana Lilia Mata

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