De las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez, se han judicializado al menos diez.

El Ejecutivo estatal promoverá un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia, que consideró que la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, no debía ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones.

El Consejero Jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, informó al respecto que ya prepara dicho recurso legal en calidad de ofendidos.

Se utilizará el juicio de garantías y en su caso la revisión, anticipó, al sostener que la última palabra la tendrán los tribunales federales.

Dijo que junto con la Fiscalía Anticorrupción se analizan los argumentos de los dos magistrados (pues uno votó en contra) que aprobaron el dictamen.

A decir de Sotelo Salgado, no está bien sustentada la multicitada resolución: “nos parece incongruente e ilógica, que a dos ex funcionarios los hayan dejado vinculados a proceso y a dos los hayan dejado fuera, con no vinculación cuando son los mismos hechos.  

“Se trata de justificar que fue un comité de obra el que autorizó, pero quien preside esa instancia es la secretaria de Obras, por lo tanto, aseguró, no puede desvincularse la titular de la dependencia.

Como lo informó oportunamente La Unión de Morelos, el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como a José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director general de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V. 

Pero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó el auto de vinculación a proceso a Patricia Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, determinó confirmar la vinculación a proceso a los dos ex subordinados por el presunto ejercicio ilícito del servicio público. 

 Sotelo Salgado expuso este jueves que el Poder Ejecutivo tiene la competencia plena para recurrir como ofendido en el asunto. Apuntó que por ley tienen quince días para presentar el citado recurso.

El consejero jurídico comentó que de las denuncias que inició la actual administración por presuntos actos de corrupción del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, se han judicializado al menos diez. De estas se han recurrido a la siguiente instancia de cuatro a cinco por diversos motivos.

Mencionó que en algunos asuntos no se les reconoce legitimación como gobierno del estado: “eso se nos hace un poco complicado porque hay delitos (en) que efectivamente se afecta a la sociedad, pero quien resiente la afectación económica es el Ejecutivo del estado; en otras porque no se vincula a proceso, en otros más porque no se obsequian órdenes de aprehensión.

Destacó entre los asuntos que fueron recurridos el de una exfuncionaria que supuestamente estaba enferma y que no podía venir a Morelos, por ello se le otorgó un amparo para efecto de que se practicaran las diligencias en otro estado y se mandó a Tijuana, pero resulta que esa persona se presentó el pasado miércoles en el palacio de gobierno en Cuernavaca.

El funcionario estatal añadió que las denuncias formuladas van caminando, avanzan en primera instancia, se dan las vinculaciones a proceso, pero en la segunda instancia son revocadas esas determinaciones en contra de ex funcionarios, lo que despierta la sospecha de algunas irregularidades: “eso es lo que va preocupando y que hace pensar ciertas cosas, de cierta protección, pero la Consejería Jurídica va a hacer su trabajo interponiendo los recursos legales que estén a su alcance”.