Diputado admite que se cometieron irregularidades en la revocación de más de 40 pensiones de exfuncionarios aprobadas por la anterior legislatura.

El Congreso del estado combatirá los fallos de la justicia federal que favorecieron a los exfuncionarios que se beneficiaron con las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura.
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, admitió que se cometieron graves irregularidades en la integración de los dictámenes -aprobados desde el año pasado- con el fin de anular más de 40 pensiones a favor de allegados al ex gobernador Graco Ramírez y de ex legisladores.
Por ello, el diputado pesedista dijo que se investigará a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que presuntamente se cometieron las anomalías,  para deslindar responsabilidades.
De manera inmediata, refirió, el Poder Legislativo procederá  legalmente en contra de las resoluciones judiciales que permitieron que se restablecieran dichas "pensiones doradas", a fin de impedir que los abusos cometidos por la pasada legislatura y desde la administración estatal se concreten.
"Yo lo que percibo aquí es un dolo por parte de quien preside la Comisión del Trabajo. Qué lamentable que tengamos que pagar lo que de entrada, lo que de suyo, sabíamos que era injusto, no hace falta ser perito y especialista para saber que mucha gente abusó. No podemos ser cómplices de quienes estuvieron haciendo cosas indebidas", manifestó Sotelo Martínez.
Hasta el momento, más de una veintena de ejecutorias de amparo se han emitido en contra del Congreso del estado, por vicios en el proceso legislativo.
En la lista de ejecutorias de amparo que ha tenido que acatar el Congreso, resaltan los nombres de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo,; Bertha Rodríguez Báez, ex directora de Afiliación del Régimen Estatal de Protección Social de Salud; Miguel Francisco Landa Rivera y Alejandro García Aquino, ambos ex colaboradores del ex secretario de Gobierno Ángel Colín López; Arely Rocío Lagunas López, ex secretaria de Servicios Legislativos en la LIII Legislatura, además del ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna, que fue de las primeras ejecutorias.
De manera extraoficial se ha informado que las cerca de 40 pensiones anuladas por la actual legislatura fueron validadas por una resolución judicial.